El largo proceso histórico, económico y social de la desamortización, iniciado en 1798 por Godoy y cerrado a finales de 1924, ya en el Directorio Militar, por el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, discurrió desde la emprendida por Mendizabal en 1836, de propiedades exclusivamente eclesiásticas y no compensadas, salvo los monasterios dedicados a la enseñanza o la atención de pobres, cuyos monjes irían destinados a parroquias o capellanías con un sueldo a cargo del Estado (desposesión que provocó que la Iglesia excomulgara a quienes las expropiaron y también a sus compradores), a la que siguió en 1855 la de Madoz, aplicada ahora a posesiones del Estado, la Iglesia, el clero, órdenes militares, cofradías y obras pías de beneficencia e instrucción pública, y a los bienes propios y los comunes de los pueblos, aquellos de los que desde el siglo XVI se había ido adueñando la nobleza absentista a pesar de la voluntad de los concejos de impedirlo.
Todavía en julio de 1893 el tribunal gubernativo del ministerio de Hacienda dicta resoluciones desestimando numerosos expedientes de excepciones de ventas de terrenos comunales promovidos por alcaldes pedáneos o presidentes de Juntas Administrativas de pueblos de nuestra provincia, entre ellos el de Jiménez de Jamuz, que no evita que se desamorticen y se pongan a la venta una buena proporción de “predios de monte raso, prados de secano y sardonal, y tomillares” que hasta entonces formaban parte del común. Son muy escasas las excepciones solicitadas que se conceden. En enero de 1898 la delegación de Hacienda nombra Comisionado subalterno de ventas en La Bañeza a don Toribio González, suponemos que para gestionar en el partido transacciones como estas con las que obtener liquidez para el Estado. En nuestro pueblo, diversos avatares relacionados de diferentes modos con los pagos comunales atravesaron las siguientes décadas, de manera que cuando en el otoño de 1936 se produzca la tragedia que barrerá de su suelo a 16 de sus hijos serán aquéllos en ella un factor destacado.
En la comarca bañezana afectaron aquellas desamortizaciones, y algunas exclaustraciones que como la de 1837 las acompañaron, también a los conventos del Carmen, en La Bañeza; al dominico del Sancti Espiritus, en Palacios de la Valduerna; al premostratense de Santa María de Villoria de Órbigo, y al cisterciense Real Monasterio de Santa María de Nogales, y supusieron, como en todo el país, una importante redistribución de la riqueza agraria, más bien por la adscripción de nuevas fincas a diversos terratenientes ya existentes que las compraron (la gran nobleza y la burguesía adinerada) que por la aparición de nuevos propietarios medianos, de tal modo que en la provincia de León se favorecieron generalmente hacendados burgueses locales, de la capital o La Bañeza, y algunos adinerados madrileños. Así, el potentado de Boisán Francisco Martínez Martínez (“Cuarentavacas”) adquiere bienes que pertenecían a los conventos de Carmelitas de La Bañeza (entre ellos una heredad sita en San Cristóbal de la Polantera y Matilla del Páramo) y al de San Esteban de Nogales y otros fuera de la provincia, y el acaudalado maragato Santiago Alonso Cordero, de Santiagomillas (ya uno de los primeros y mayores capitalistas del momento, residente en Madrid después de su juventud de arriero, donde llegaría a conseguir en exclusiva el transporte de los caudales del Estado), realiza numerosas e importantes compras de tierras pertenecientes al convento de monjas de Villoria de Órbigo radicadas en los pueblos próximos y en el ámbito geográfico comprendido entre dicho pueblo, Riego de la Vega y La Bañeza.
Portada de la publicación y parte de la fachada del Monasterio desde el interior.
Algún otro madrileño “negociante de la desamortización” adquirió bienes de aquel monasterio (en su caso para cederlos al natural del lugar Miguel Fernández Gironda, de la pequeña nobleza campesina, que se hizo además con las posesiones del convento en Quintana y Congosto), al igual que hicieron otros como los leoneses Genaro Bayón Luengo, con las de Turcia, y Francisco Alonso, que cedió a Melquiades Valbuena sus adquisiciones en Antoñanes y Grisuela, o los bañezanos Mateo García, que compró fincas monacales en Villarrín del Páramo; Ignacio Fresno, en Veguellina y Acebes del Páramo; Eugenio García y Gutiérrez, en Hospital, Puente de Órbigo y San Feliz (además de las adquiridas del monasterio de Nogales y de los dominicos de León, lo que denota su gran poder adquisitivo), y Nicolás Moro, ya en la desamortización de Mendizabal, en San Pelayo, en cantidad y calidad muy inferior a las anteriores y por importe de 300 reales que ha de pagar en veinte plazos, y algunos lugareños de los pueblos (desde la nobleza rural a sencillos renteros y campesinos acomodados) que adquieren bienes en poblaciones como San Pedro Bercianos, Villazala, Santa Marinica, Valdesandinas, Castrillo de la Valduerna, Regueras de Arriba y Azares, o Riego de la Vega.
También se desamortizaron bienes de las cofradías bañezanas de las Angustias, de Jesús Nazareno, de San Roque, y de las Ánimas, establecidas las dos primeras en sus respectivas ermitas y las últimas en las iglesias de Santa María y de El Salvador (todas solicitaban indemnización por ello al Estado entre los años 1877 y 1929), y de bienes propios municipales como el predio bañezano de las Lagunas, adquirido por el acaudalado Julián Franco.
En la última abadía, la sita en San Esteban de Nogales, después del saqueo de 1807 y poco antes de la vuelta de los monjes se había producido un incendio, intencionado a lo que parece, al que siguió en el Trienio Liberal un nuevo despojo por las turbas y la ocupación en 1823 otra vez por los frailes dispersos que reconstruyen una vez más el edificio, hasta la adquisición de los bienes monacales por el bañezano Eugenio García y Gutiérrez, procurador de los tribunales casado con Francisca de Mata (el 16º de mayor riqueza territorial entre los 50 primeros contribuyentes por la misma de la provincia en el año 1871, como su vecino Ignacio Fresno lo había sido el 10º en 1855), quien se habría valido de malas artes y de la necesidad de los labradores del pueblo tras dos años de malas cosechas para añadir a aquellos muchas tierras “por un puñado de dinero y hogazas de pan”. Anticlerical, según lo pintan en el Abadologio del monasterio, habría destruido la iglesia (“los nidos para que no volvieran los pájaros”) y saqueado las tumbas de los ilustres personajes enterrados en el convento.
En aquellos años los que más contribuían por riqueza territorial en Alija de los Melones, Villazala, Valderas, Palacios de la Valduerna, Castrocalbóbn y Destriana eran respectivamente el duque del Infantado, el marqués de Campofértil, el marqués de Astorga, el conde de Miranda y de Montijo, el duque de Escalona y el marqués de Valparaiso. En cuanto a Ignacio Fresno Pérez, pintor asesinado en París al que nombraban “Monsieur Fresno”, eran sus padres Ignacio Fresno Bartolomé y Rosa Pérez Martínez, y su hermana Victoria y el progresista Menas Alonso Franco (adalid del republicanismo bañezano, alcalde de la villa a la altura de 1888, y fallecido en 1912), con quien se desposaba, serían progenitores de Aurora y de Lucas Alonso Fresno, casado este con María Ruiz García, cuyos hijos fueron: Josefina, Manuela, Victoria, Eloisa, Eudosia, Ignacio, y María Alonso Ruiz, familia represaliada por el franquismo con multas, cárceles, y el asesinato de la última, además de los cinco años que Ignacio hubo de esconderse como “topo” en la casona familiar de la calle Astorga.
Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras de la provincia, de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)
