El 16 de diciembre comenzaba a actuar en León el Tribunal de Urgencia para juzgar a los encartados en la subversión, compareciendo en aquella fecha Gregorio Fernández y Manuel Roces, condenados a 4 meses y 1 día de prisión, dos de los muchos apresados masiva y preventivamente en la capital y en la provincia, la mayoría militantes de la CNT, la FAI, y sus Juventudes Libertarias, en lo que bien puede pasar por magnífico prólogo de lo que sucederá tres años después (algunos volverían a ser detenidos antes, en la revuelta de octubre de 1934), cuando bien pocos sean quienes de ellos consigan escapar a la represión posterior al golpe militar de 1936. En la mañana de aquel mismo día presentaba el gobierno la cuestión de confianza y comenzaban las consultas para formar el nuevo, dándose ya su probable lista. Tres días después en la capital leonesa el mismo Tribunal absuelve a Manuel Durruti Domingo y a otro encausado, condenando a los restantes procesados.
El día 18 se resolvía la crisis de gobierno nombrando Lerroux (con el apoyo de la CEDA) un nuevo gabinete en el que entran un agrario, un melquiadista, uno de la ORGA, un progresista, uno de la Agrupación al Servicio de la República, uno de la Lliga, y siete radicales, y en el que pasa a Gobernación Martínez Barrio. El 19 Mariano Menor Poblador (del PRRS), pasa a ser el nuevo gobernador civil de León (aunque no llegaría a ejercer de tal, siendo sustituido el día 31 del mismo mes), la misma fecha en la que Gil Robles afirmaba (en un discurso tildado de fascista por las Juventudes Socialistas) que “el país debe de optar entre Largo Caballero y nosotros”, añadiendo: “queremos el poder para hacer una reforma constitucional”, y explicando que a cambio de sus votos espera obtener amnistía para los alzados con Sanjurjo en agosto de 1932 y una profunda revisión de la legislación en materia religiosa y laboral de las Cortes Constituyentes, a lo que responderá Indalecio Prieto que “frente a sus ambiciones dictatoriales de arrasar los logros republicanos no dudarán los socialistas en desencadenar la revolución para defenderlos”, presagio y germen de lo que sucederá en octubre del año siguiente.
Aún detenía la Guardia Civil de Veguellina de Órbigo el día 23 a Claudio Centeno Santiago (el “Charrero”), “reclamado por el juez militar eventual de aquella plaza” (dice El Diario de León, y tal vez se creara un juzgado específico en el lugar para encausar lo sucedido) por ser uno de los que intervino en la revuelta que allí se originara, y el 26 apresaba la de Vega de Espinareda en Sezano a uno de los complicados en los hechos revolucionarios, mientras en Cacabelos dos fugitivos de aquellos sucesos disparaban contra una pareja de la Benemérita.
El 14 de marzo de 1935 se iniciaba en el leonés Cuartel del Cid el Consejo de Guerra (presidido por el coronel del Regimiento Burgos 36 Vicente Lafuente Lafuente-Baleztena (cuyo papel en la represión en León después de la sublevación militar de 1936 le valdría el ascenso a general) contra varios paisanos vecinos de Veguellina complicados en los sucesos de diciembre de 1933 (en cuya preparación intervinieron dirigentes de allí y de la capital, se afirma en la vista) por su agresión a la Guardia Civil que protegía los trabajos de los obreros telefonistas enviados a restablecer las líneas saboteadas, de la que resultaron dos de sus números inútiles y pudo costar la vida a otros dos (dice en su crónica de aquella fecha La Vanguardia). Eran los agresores Antonio García Dueñas (alias Gatiti, considerado como autor), y sus cómplices Manuel Álvarez Silva, Hipólito Abriala Pérez, Agustín Arias Rey (“Pitillo”, que con otros ya había participado en julio en el ataque al contratista Paulino Clérigo), Francisco Fernández García, Pascual Lozano Martínez, Andrés Martínez Blanco, Leopoldo Mielgo Domínguez, Casimiro Riesco Pérez, Joaquín Vega García, Manuel Fernández García y Abundio Lozano Martínez, de Pobladura de Pelayo García (dos procesados “Pitillo” –de 27 años- y “Sindi” –de 25- no comparecen por haberse fugado con otros cuatro presos el 27 de agosto de 1934 de la cárcel provincial). El fiscal solicitaba la pena de muerte para el primero (además de para los no comparecientes) y condenas de reclusión perpetua para los restantes procesados (excepto Abundio Lozano, para quien, como encubridor, insta seis años de prisión). Los defensores (abogados Alfonso Ureña Delás y Carlos Álvarez Cadórniga), alegando que los hechos no están probados, pidieron la absolución de todos ellos. A la mitad de noviembre de 1935 el ministerio público reclamaría también en Consejo de Guerra la pena capital para el cenetista Timoteo José Álvarez Casasola (también procesado antes en rebeldía), detenido por entonces en Zaragoza (vecino de Veguellina, era natural de Roperuelos del Páramo, y sería fusilado en León, a los 31 años, el 29 de enero de 1938 con su compañero de militancia Abundio, de 25 años, y nueve más), y el 31 de aquel mes se verá ante el Tribunal Supremo el recurso contra el fallo del Tribunal Militar de León que había condenado a Antonio García Dueñas a la pena capital, sentencia que confirmará el 4 de diciembre el alto Tribunal.
Un rebelde arrestado por la Guardia Civil en Labastida (Logroño).
[Habían despedido en Veguellina de Órbigo al comienzo de julio de 1933 a varios obreros en la obra de construcción del puente sobre la vía férrea, ocasionándose protestas contra el contratista de obras Paulino Clérigo (tradicionalista de ascendencia vasca; su hijo Restituto Clerigo Santamaría, maestro cursillista de 1935 nombrado en junio interino para la escuela mixta de San Félix de la Valdería, será en 1937 Secretario Provincial de FET y de las JONS, después de la impuesta unificación de las milicias nacionales), agredido por cinco obreros que le solicitaron empleo, a lo que no accedió por tener cubierto el cupo, y forzado a huir pistola en mano hacia el cuartel de la Guardia Civil, donde se refugió, perseguido a tiros por algunos militantes anarquistas (Agustín Arias Rey –el “Pitillo”- y Manuel Trigal Mata, entre ellos) y apedreado en el trayecto, en el que hizo uso del arma. Los agresores fueron detenidos por los guardias y puestos en libertad poco después. Los dos citados participarán en julio de 1936 en la oposición al golpe militar en Veguellina; el primero conseguirá huir, y será el segundo condenado a muerte por ello y conmutado luego por reclusión perpetua].
Algunos de los penados en marzo de 1935 ya lo habían sido el 24 de enero de 1934 por el Tribunal de Urgencia de León, que veía la causa por los sucesos de Veguellina, Hospital de Órbigo y otros pueblos durante el movimiento revolucionario contra Casimiro Riesco, Leopoldo Mielgo Domínguez y Andrés Martínez, defendidos también antes por los mismos dos letrados y por Olegario Combarros (aparece como falangista astorgano en el otoño de 1936), y condenados por reunión ilegal a dos meses de arresto mayor, y por sedición a un año y ocho meses. A tres meses se condenó por reunión ilegal a los siete procesados restantes, y por sedición a dos años y once meses, absolviendo a unos y a otros de la acusación de uso de explosivos.
Se va al rápido y total desarme en toda España, decía el ministro de la Gobernación, Rico Avello, el día 30 de diciembre de 1933 (circulares gubernamentales para la retirada de armas continuarían dictándose aún en marzo de 1936), y añade que recomendará al ministro de Justicia el rápido establecimiento de campos de concentración de vagos y maleantes (en el centro, norte y sur del país) para aplicar eficazmente la Ley que de ellos se ocupa desde el pasado agosto. El día anterior los presos sociales (denominación que la prensa obrera daba entonces a quienes eran en su mayoría asalariados) de la cárcel de León se quejaban de las pésimas condiciones del edificio y de la insuficiencia del local (se había hecho preciso trasladar a Oviedo a parte de los presos comunes para acoger a los de la revuelta anarquista, promotores de la protesta), algo que se repetirá en el año próximo a iniciarse después de la insurrección socialista de octubre, cuando vuelva a desbordar de recluidos la prisión leonesa, además de las varias de Astorga y el Depósito Municipal de Presos y Detenidos de La Bañeza que como una más de aquéllas seguía funcionando.
Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras localidades provinciales -León y Astorga-, de 1808 a 1936), publicado en 2013 en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)
