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Los mártires de Santocildes (I)

● Ibañeza.es ►Lunes, 15 de julio de 2019 a las 7:23 Comentarios desactivados


Pedía Izquierda Republicana al inicio de junio de 1936 en un manifiesto a todos los partidos del Frente Popular que no creen conflictos al gobierno, y se dispone el día 5 la dotación de un millón de pesetas a la Junta de Socorros para aliviar la situación de las viudas y los huérfanos de la revolución de Asturias de 1934; a sus víctimas, “a nuestros muertos caídos por las balas homicidas de los centinelas de la cárcel-cuartel de Santocildes”, conmemoraban el 7 de junio desde la Casa del Pueblo de Astorga con una manifestación en visita al cementerio y un acto ante sus tumbas.

Habían llegado a la ciudad maragata ya el día 13 de octubre del 34 más de un centenar de revoltosos de las cuencas asturianas, hechos prisioneros y encarcelados en el cuartel de Santocildes, y también diez revolucionarios heridos, de los que dos fallecían y el resto era ingresado en el Hospital Militar de San Juan Bautista.

Comenzaban pronto en la capital leonesa (el 22 de octubre) los juicios sumarísimos, uno de los primeros contra el pintor José Vela Zanetti por coacción e insultos a la fuerza pública, mientras se publicaba el bando del general López de Ochoa, “Jefe del Cuerpo de Ejército de operaciones en estas provincias” conminando a la entrega de armas y explosivos bajo sumarísimas y marciales penas; se aplazaba el licenciamiento de las clases de tropa actualmente en filas, y en la Prisión Provincial seguían ingresando revolucionarios, pasando ya los recluidos de 200, y en Astorga en el pabellón habilitado del Cuartel de Santocildes hay 316 detenidos y “continuamente están llegando camionetas con nuevos revoltosos”.

El 10 de noviembre informaba El Adelanto de que ya habían regresado los primeros expedicionarios del batallón de guarnición en Astorga, siendo recibidos con gran entusiasmo por la población, y de que hay en el pabellón del Cuartel de Santocildes 500 rebeldes detenidos. Nuevos contingentes de presos revolucionarios continuaban entrando a la altura del 17 de aquel mes, alcanzando la cifra de 750, aproximándose ya a primeros de diciembre al millar los reclusos que lo ocupan.

En León, Asturias y Palencia se prorrogó el 7 de noviembre el estado de guerra decretado tras la asonada del inicio de octubre, y las sucesivas ampliaciones (hasta el 14 de abril de 1935; el 24 de enero se había levantado para el resto del país) combinadas con el de alarma mantuvieron los estados de excepción durante más de un año. Desde el 20 de octubre la prensa conservadora publica sin parar noticias sobre presentaciones de rebeldes, detenciones, y hallazgos de armamento. En la capital leonesa se instaló de nuevo un Tribunal de Urgencia que de inmediato comenzó con los juicios sumarísimos (aún proseguían con notable dureza a finales de 1935, y en ellos se despliegan ya argumentaciones que se harán norma en los celebrados a partir de julio de 1936) y las condenas a mineros, dependientes de comercio, camareros y militares sobre todo, parte de los aproximadamente 800 detenidos en la provincia, puestos la mitad en libertad y recluidos algunos de los restantes para cumplir penas que oscilaban entre los 2 y los 30 años de prisión en la cárcel provincial (solo quedarán en ella ocho –cinco de Veguellina y tres de Valderas- cuando se decrete la amnistía el 22 de febrero de 1936) y las de Astorga (más de cien fueron enviados al Cuartel de Santocildes) y La Bañeza, expedidos otros a penales repartidos por todo el país, como Valladolid, el Dueso o el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, antigua fortaleza en ruinas que se habilitó y comenzó entonces a utilizarse como cárcel, en periplos que llevaban a algunos, como los procesados por los sucesos de Cistierna, a ser trasladados a primeros de noviembre al acuartelamiento penal astorgano desde el Depósito de La Bañeza, rebosante y en lamentable estado (con el tejado destrozado y celdas que se llueven), según se certificaba entonces a la autoridad provincial.

Las deplorables condiciones en que en aquellas cárceles y en otras se confinó a los numerosos presos de la represión del movimiento revolucionario de octubre de 1934 (se habilitaron ya como prisiones edificios religiosos) motivaron la denuncia por escrito, dirigido primero a la opinión pública el 22 de diciembre de 1934 y al presidente de la República el 11 de enero de 1935, del diputado por León del Partido Republicano Radical Socialista Félix Gordón Ordás (como ésta, con todos los detalles de nombres y firmas, se presentaron las respectivas de los también diputados Fernando de los Ríos -al inicio de enero de 1935- y Álvarez del Vayo), después de no habérsele permitido realizar ya el 12 de diciembre una interpelación urgente sobre ello en el Parlamento y de limitársele la tribuna periodística, y que tituló “Por la salud del régimen. La represión en las provincias de Asturias, León y Palencia”. Aquel manifiesto hubo de publicarse y circular en ediciones clandestinas, y se penó su posesión, como se hizo el 21 de enero de 1935, clausurando el Círculo Radical Socialista de Palencia y sometiendo a juicio sumarísimo a su conserje, a quien se le hallaron algunos ejemplares.

Según tal denuncia, en toda España se estaban dando anomalías y atropellos en la “cruel, feroz e inhumana represión” del movimiento revolucionario, y singularmente en las provincias objeto de su reclamación, que el parlamentario visitó para constatar las perpetradas en Pravia, Mieres, Pola de Gordón, Villafría, Barruelo de Santullán, Aguilar de Campoó, Bembibre, La Bañeza y Astorga, para concluir que en el cuartel-cárcel de la última “han seguido sintiendo el vergajo los detenidos, lejos de haberse convertido para ellos en remanso de paz”, narrando después las torturas y apaleamientos por la Guardia Civil que se infligen entre los días 15 y 20 de noviembre de 1934, bajo el mando del comandante militar Baltasar Chinchilla Orantes (que había participado con tropas de Santocildes en las operaciones militares contrarrevolucionarias en El Bierzo), a apresados vecinos de Caboalles de Abajo y de Matarrosa del Sil, y que remiten al hacerse cargo del mando el comandante Germán Madroñero (cesará en la comandancia de la Plaza de Astorga el 8 de enero de 1936 destinado como comandante jefe de las fuerzas de Seguridad y de Asalto de la 4ª División en Barcelona, para donde sale el 4 de febrero).

Había en el Cuartel de Santocildes a primeros de enero de 1935 unos 1.030 presos, todos ellos procedentes del movimiento revolucionario y pertenecientes a la zona leonesa y algunos a la asturiana, según el informe de Fernando de los Ríos, en situación horrible: “la inmensa mayoría no tiene manta, y sólo existen quince o veinte jergones de paja; los demás duermen sobre el bálago infectado de toda clase de parásitos. En tres meses, ni una sola vez han sido sacados al patio, tan espléndido, donde pudieran airearse. Constantemente sometidos a todo género de malos tratos; incluso muerto de un balazo un preso que cierto día se asomara a la ventana de una galería. Los que son puestos en libertad por los jueces, cuando van a sus pueblos, la Guardia Civil los lleva al cuartel, les da una paliza horrible y de nuevo los llevan a la cárcel, a pesar de estar judicialmente libertados”. En aquel habilitado recinto carcelario el diputado socialista visitó solamente a Alfredo Nistal, y un periódico de Astorga publicó un suelto a cuenta de las preferencias en su visita, lo que molestó un tanto a los funcionarios de prisiones, y la publicación astorgana hubo de aclarar que las preferencias aludidas se referían a las del parlamentario, que se olvidó de los demás presos, y no a los funcionarios a cuya custodia se hallan los recluidos (contaba el 17 de enero de 1935 El Diario de León).

En alguna fecha de aquel mismo año por mandato del Partido Socialista se desplazaría a Astorga Rodolfo Llopis, uno de sus responsables, para hacer entrega al comité de ayuda a los presos, representado por el médico Ildefonso Cortés Rivas, de dinero para su distribución equitativa entre los socialistas detenidos en aquella cárcel y cuartel. A primeros de enero de 1936 una comisión de presos da las gracias en carta abierta publicada en El Combate por el reparto que entre ellos se hizo de la ropa y el dinero (siete pesetas a cada uno) recogido en la colecta. El condenado Alfredo Nistal habría sido también socorrido mientras ocupó aquel reclusorio por sus hermanos masones del maragato Triángulo Asturica. Sería, por cierto y como señalará La Democracia el 23 de marzo de 1936, el maestro David Escudero Martínez, natural de Castrocalbón y delegado provincial de la sección leonesa de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza (integrada en la FETE), el alma mater en la organización de la ayuda económica prestada por numerosos maestros nacionales de la provincia (la mayoría afiliados a la ATE) a los compañeros presos y perseguidos por causa de la revolución de octubre del 34 y a sus familiares. Ayuda parecida se prestó a sus represaliados por el Cuerpo de Correos, y por un grupo de médicos a sus colegas castigados.

Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras localidades provinciales -León y Astorga-, de 1808 a 1936), publicado en 2013 en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)

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