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El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, adelantó hoy que la Diócesis de la capital maragata abrirá una investigación preliminar, cuyo informe se enviará a la Santa Sede, para aclarar las circunstancias que envuelven al presunto segundo caso de abusos a menores relacionado con los sacerdotes responsables del seminario de La Bañeza. Ayer, el exseminarista Emiliano Álvarez presentó otra denuncia por abusos sexuales por parte de Ángel Sánchez Cabo, que en 1978 era su tutor y profesor en el centro de la capital bañezana y que actualmente es párroco de El Barco de Valdeorras, en Galicia.

En una comparecencia que tenía por objeto aclarar la posición de la Diócesis respecto al caso del sacerdote José Manuel Ramos, primer caso de pederastia verificado, reconocido y castigado por la Iglesia católica -a través de la Santa Sede- que trasciende en Castilla y León, Menéndez reitero la “humilde petición de perdón” que el Obispado ya hizo pública cuando se conoció la condena a Ramos. “La iglesia diocesana de Astorga lamenta profundamente estos hechos tan deplorables, moralmente inaceptables e intolerables”, sentenció el prelado.

Respecto al presunto caso denunciado ayer por Emiliano Álvarez, Menéndez apuntó que “cualquier otra denuncia que se reciba se investigará con celeridad y prontitud, respetando los derechos de todos los implicados y con la voluntad de restituir cuanto antes la justicia lesionada por el presunto delito”. En esa línea, el obispo se refirió a las informaciones aparecidas en los últimos días, que apuntan a la existencia de “otros posibles casos”, lo que ha provocado que “se cuestione el modo de actuar tanto de los responsables diocesanos en aquella época como el resultado del proceso penal realizado en la actualidad”.

Menéndez confirmó que los responsables de la Diócesis recibieron ayer mismo la denuncia presentada por Álvarez y adelantó que la investigación preliminar que se abrirá para esclarecer el asunto seguirá los protocolos marcados por la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Conferencia Episcopal Española. “Los obispos no tenemos potestad para juzgar estos casos”, subrayó Menéndez.

Nuevos protocolos

Al respecto, el responsable de la Diócesis manifestó su “firme voluntad de resolver de una vez por todas este grave problema”. Para ello, la Diócesis pondrá en marcha nuevos protocolos de actuación con menores y de prevención dirigidos a todos los agentes pastorales, sean sacerdotes o catequistas. Entre estas medidas, el obispo mencionó la necesidad de solicitar a las personas que vayan a realizar estas labores un certificado que acredite que no tienen antecedentes penales relacionados con menores.

Además, añadió Menéndez, la Iglesia aplicará “con severidad y rigor” la propia normativa canónica y colaborará con las autoridades civiles, informando a las presuntas víctimas de su derecho de presentar denuncia ante estas instancias. Se trata, resumió el obispo, de “poner todos los medios para que estos hechos no se repitan nunca más”. En ese sentido, Menéndez aseguró que “la presunción de inocencia de los acusados no impedirá proceder con severidad en la persecución de tales delitos”.

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