Campo de remolacha en una imagen de archivo.
La organización agraria Asaja instó a la Junta a cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que “obligan” a efectuar el pago de la ayuda de tres euros por tonelada de remolacha que el deparatmento que dirige Silvia Clemente eliminó en 2012. “Se llegará hasta el final para que los remolacheros reciban las cantidades que se reconocen judicialmente”, apuntó, al tiempo que se mostró “sorprendida y critica” ante la pretensión de no afrontar el pago de la cantidad fijada.
En este sentido, la opa entiende que los fallos del TSJ de Castilla y León obligan a la Junta a resolver la ayuda convocada y suprimida de “forma unilateral” en 2012. Por ello, rechazó la “maniobra” que la Administración regional pretende realizar para “esquivar sus obligaciones, en este caso impuestas por un juez, “en un intento de burlar a la Justicia”. “Las sentencias son claras y contundentes”, aseveró.
Al respecto, Asaja apuntó que los fallos judiciales reconocen que lo que procede es que “los órganos competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería tramiten la solicitud de la parte demandante ultimando el correspondiente procedimiento, comprobando si el mismo reúne o no los requisitos exigidos para ostentar la cualidad de beneficiario, y señalando, en su caso, el importe de la ayuda que le corresponda para la campaña agrícola 2011-2012”.
La sentencias también “deja bien claro”, simepre según Asaja, que la Junta de Castilla y León ya vulneró el derecho de los agricultores al suprimir la ayuda de forma unilateral: “No puede entenderse que la supresión de la referida convocatoria se ha realizado en forma ajustada a Derecho, por cuanto se están vulnerando los derechos de los partícipes de dicha convocatoria”, señala.
Para los servicios jurídicos de la organización profesional agraria la interpretación que hace la Consejería de Agricultura y Ganadería es, cuanto menos, “parcial porque el TSJCyL obliga a resolver esta convocatoria de ayudas y, por tanto, su consecuencia es que la Junta abone la ayuda a quienes tengan derecho a recibirla”.
“Todos, particulares, empresas o administraciones, debemos acatar las sentencias de los tribunales de Justicia y actuar en consecuencia”, agregó Asaja. Por ese motivo, indicó que “sorprende” que una Administración diga públicamente que “no piensa cumplir cuando lo que corresponde en este caso es actuar con responsabilidad”.
Ante esta situación conminó al Gobierno regional a resolver la convocatoria de ayudas y después a abonar los tres euros por tonelada a los remolacheros demandantes que tengan derecho a recibir dicha cantidad, según los requisitos establecidos. “Apelamos al sentido común y al buen ejemplo que deben dar nuestros representantes políticos, para acatar la sentencia y no dilatar en el tiempo su cumplimiento. Exigimos que se haga justicia con los remolacheros, que bastante perjuicio han tenido ya”, finalizó Asaja.
