A finales de 1932 se promulgaba la Ley de contribución general sobre la renta (un impuesto aún muy limitado y de escaso poder recaudatorio, tímido primer paso en la creación de la moderna fiscalidad), cuando la renta per cápita alcanzaba las 1.083 pesetas. En La Bañeza, en los extensos debates sobre los presupuestos municipales para 1933 los socialistas habían pretendido la incongruencia (que les señala desde el local semanario La Opinión su director) de recuperar el impopular y ya suprimido impuesto de consumos, una carga indirecta y nada progresiva contra la que tantas protestas y motines había habido en el pasado, y tratado de establecer un gravamen por el toque de campanas (“asesorados por algunos entre los cuales hay fervorosos monárquicos hasta el 14 de abril de 1931”, dirá El Adelanto), que rechazaron los demás miembros de la Corporación. También en León fue desechada la propuesta socialista de incluir en los presupuestos del año próximo a iniciarse una tasa anual por el tañido de campanas (150 pesetas por una, 200 por dos, 300 por tres o más), pero prospera gravar con 25 céntimos los carteles que anuncian funciones religiosas y cobrar impuestos por tirar cohetes y tocar organillos.
En La Bañeza, en realidad las discusiones y la elaboración de aquellos presupuestos (en múltiples y maratonianos plenos) fueron bastante más complejas y ajetreadas: la minoría socialista decidía el 23 de noviembre contar con sus representados antes de entrar a discutirlos, y lleva enmiendas en la sesión municipal del 28 al proyecto que presenta la comisión de Hacienda, basado en el percibo de ingresos por arbitrios (como el de 1932, al que supera considerablemente), que perjudica al vecindario (se dice), opuesto al de ingresos por consumos (como lo fue aún el de 1931), de mayor recaudación y por el que los forasteros pagan más, y derogado por una de las disposiciones transitorias del Estatuto Municipal y otras legales. Se acuerda por mayoría (los cuatro concejales de la minoría socialista, José Santos Pérez y Joaquín Lombó Pollán) obtener los ingresos por consumos, con lo que se rechaza el proyecto de la comisión de Hacienda. El alternativo de la minoría socialista también era por arbitrios, por lo que procede confeccionar uno nuevo basado en ingresos por impuestos de consumos.
En el pleno del 7 de diciembre se revoca el anterior acuerdo (volver al sistema de consumos) y se desecha el proyecto de presupuestos de la comisión especial surgida de la anterior sesión, según votación en la que solo opta por no hacerlo el concejal Joaquín Lombó. Los socialistas aclaran su pretensión de reemplazar los arbitrios de 1932 por otros más justos, y de rebajar algunos como el de la carne, que consideran alto, para que deje de regir lo que manifiestan que algún concejal habría afirmado (“el que no pueda comer carne, que coma bacalao”), y que es desmentido por el alcalde (Juan Espeso González), sustituyendo con otros gravámenes lo dejado de recaudar por ello. Por mayoría se acordó presentar otro nuevo proyecto en el pleno del lunes próximo, confeccionado por la comisión de Hacienda una vez más. En cuanto a las carnes, a pesar de haberlas clasificado por categorías ya en enero de 1933 y de haber rebajado sus arbitrios, no han bajado sus precios los carniceros, lo que expondrán algunos concejales como queja en el pleno del 18 de aquel mes.
El día 12 de diciembre se entra por fin a estudiar y discutir el proyecto de presupuestos para 1933, en su apartado de Gastos, y se hace por artículos, partidas y capítulos. Se retira la partida de 480 pesetas del teléfono del alcalde (ya hay uno en secretaría) y el del cuartel de la Guardia Civil. Se destina una partida para el deslinde y amojonamiento de los terrenos comunales (en la fecha determinada en que se revisan anualmente las marras o mojones municipales), otra para salarios de los 15 vigilantes de arbitrios que habrán de atender el servicio junto con los serenos, y una más destinada a retribuir las nuevas plazas de arquitecto y de maestro de obras que se crean.
El pleno del 14 de diciembre, cuando cerrado ya el capítulo de Gastos se discuten los arbitrios que habrán de generar los Ingresos, conoce debates sobre si las bicicletas son artículo de lujo (como afirma el concejal socialista Porfirio González Manjarín), o no lo son, pues las usan mucho los obreros (según argumenta David González Moratinos). Y no debían de serlo, ya que se aumenta su canon, quedando en 6 pesetas anuales. También se establece una tasa a la circulación de perros, y un arbitrio por los anuncios o carteles que se exponen. Algunos concejales alegan haber determinado gravámenes elevados para las carnes de cerdo y de ternera, que consumen los ricos, para que los presupuestos no sean tachados de burgueses. Los socialistas exponen por su parte que su tendencia no es obrerista, y abogan en prueba de ello por la rebaja de tales gravámenes.
Propone el edil Porfirio González Manjarín el impuesto de 100 pesetas anuales por cada una de las 11 campanas de la ciudad, consideradas como anuncios. La comisión elaboradora del proyecto pensó en ello, se dice, pero observó su ilegalidad (en la que coincide la Revista de la Administración Pública del mes de la fecha, que se consulta en la sesión). Hay empate en la votación (a favor, la minoría socialista y el concejal Toribio González Prieto), que se repite por dos veces, y decide la cuestión el voto de calidad del alcalde-presidente, rechazando la propuesta. El edil Joaquín Lombó Pollán vota en contra, pero añade que vería tal impuesto con satisfacción por vivir cerca de la Iglesia, y que vota como lo hace porque ha visto que la tasa no se impone en ninguna población (en la mayoría de las que la establecen, las delegaciones provinciales de Hacienda la revocan después, como sucedería en Huelva finalizando el siguiente mes de enero, o en marzo en Ponferrada), además de que “el asunto se resolverá cuando se promulgue la Ley de congregaciones religiosas, por la que los templos pasarán a ser propiedad del Estado, sobre cuyos bienes no se pueden imponer arbitrios” (parecida argumentación se había manejado en su momento en el consistorio leonés). El concejal David González Moratinos alegaba que en tal caso debería de gravarse también el timbre del Teatro y la sirena de la Azucarera.
Finalizaba la elaboración del presupuesto municipal para 1933 con la asignación de Ingresos en superávit sobre los Gastos, y se debate entonces si aplicarlo a rebajar las tasas de las carnes o al aumento de sueldo que los empleados municipales habían solicitado, sobre lo que hay empate y resuelve, en contra de la subida de salarios, de nuevo el voto del alcalde. Queda aprobado el presupuesto de Ingresos en 234.166,06 pesetas, con superávit sobre el de Gastos en 5.377,26 pesetas, que asciende a su vez a 228.788,80 pesetas.
Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras localidades provinciales -León y Astorga-, de 1808 a 1936), publicado en 2013 en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)