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El ‘pucherazo’ y los caciques (I)

● Ibañeza.es ►Lunes, 5 de diciembre de 2016 a las 8:28 Comentarios desactivados


Todo el entramado político de la Restauración se sustentó en la alternancia en el poder de los dos partidos mayoritarios (conservadores y liberales), facilitada por el sistema caciquil, que con su influencia y el uso de los resortes del gobierno falseaban la voluntad popular, sobre todo en los distritos rurales donde los caciques de aldea, alcaldes, delegados gubernativos, jueces municipales, capataces, prestamistas, párrocos y otros notables, completaban la red caciquil jugando un decisivo papel en la farsa electoral que no estaba exenta con frecuencia de arbitrariedades y atropellos. Todo valía para asegurar el triunfo del candidato adicto: multas, amenazas, detenciones y traslados forzosos de los votantes, incluso la violencia física y otras brutalidades contra ellos y sus propiedades que el gobierno no dudaba en emplear para conseguir la mayoría.

En el distrito de Murias de Paredes se intimidaba a los electores de la oposición con amenazas de cortar las orejas de sus caballerías; en Nogarejas hubo en 1893 un muerto por arma blanca en una refriega electoral; en Astorga, en las elecciones de aquel año, desde la gullonista publicación La Verdad se recomendó votar a Antonio Crespo Carro “porque es liberal y porque lo manda don Pío” (Gullón), favorecedor de algunos intereses del distrito a la vez que artífice de cesantías impuestas, promesas incumplidas, destierros de cronistas molestos, y persecuciones de candidatos opositores. Las partidas de la porra funcionaban a discreción en los pueblos del sur de la provincia leonesa, controlados a través de sus muñidores por Demetrio Alonso Castrillo (obstaculizado en otras ocasiones -como en 1891- por los conservadores del gobierno), y más de una vez hubo tiroteos y altercados en Valderas, Villamañán, Laguna de Negrillos y algunos pueblos coyantinos.

Era el cacique rural tirano de los de abajo, esclavo de los de arriba, y sanguijuela de todos. Contando con él, el juez municipal convierte el juzgado en comedero; el maestro municipal se arregla sus famélicos bolsillos; el alcalde hace sus apaños en el ayuntamiento; en suma, todos los que pueden meter la mano entran a medias con el cacique, que extiende sus brazos y chupa con sus insaciables ventosas como el pulpo. Uno de los principales sostenes del caciquismo rural es el municipal impuesto o reparto de consumos (arbitrario arbitrio muchas veces), cuyas cuotas se subirán hasta arruinar sus propiedades a quienes no voten en las mesas constituidas por sus secuaces según lo que al cacique plazca y le convenga. Por medio de elecciones ganadas de este modo agrada el cacique a su protector (generalmente el diputado del distrito), que por un centenar de votos hace la vista gorda y cubre con el tupido velo de su influencia los desmanes de sus protegidos. Un sistema parecido, por cierto (y de ahí el arraigado término que lo define) al otrora utilizado para gobernar a los indios ingenuos e ignorantes de nuestras colonias en América.

Genarín, santo laico, pellejero leonés, y muñidor de caciques.

Con el nuevo siglo alcanzó su plenitud un caciquismo que terminó siendo endogámico, de manera que ganar un acta, en los distritos rurales sobre todo, era cuestión de dinero, llegando a cotizarse los votos hasta a cien pesetas, como en 1903 en Sahagún y Grajal, además de “escabeche y cuba de vino abierta a disposición de los votantes”. Con frecuencia el pueblo negociaba con el candidato el precio del voto, pagado en dinero o en víveres y provisiones (un vagón de grano en La Vecilla o dos libras de merluza y un cántaro de vino en Murias), arreglo de carreteras, escuelas, iglesias o fuentes, o la exención de quintas (como alguna vez hizo para Valencia de Don Juan, su pueblo, el citado cacique Demetrio Alonso Castrillo, que al pasar en 1905 a senador vitalicio legó el acta a su hijo Mariano, que la mantuvo hasta la dictadura del general Primo de Rivera). Se dice en Castrocalbón que el puente de hierro que allí se construyó en 1917 lo consiguieron merced a la promesa electoral que un cacique local hizo, y en Murias de Paredes en las elecciones municipales de 1922, últimas antes del pronunciamiento militar del año siguiente, “se pagaron por los votos hasta 50 duros, y a 20 duros el que menos”.

Transcurriendo los años, los diputados se convierten en perpetuos e intocables (reelegidos muchas veces por unanimidad con el apoyo del artículo 29 de la Ley electoral de 1907), como lo fue desde 1905 hasta 1923 Antonio Pérez Crespo en La Bañeza, abogado nacido en Santa Colomba de Somoza, muchas veces por el Partido Liberal, y otras por el Partido Liberal Democrático escindido de aquél; que ocupó altos cargos en la Administración (director general de Prisiones; de los Registros y del Notariado; de Comunicaciones, y subsecretario del ministerio de Gracia y Justicia); que en la dictadura primoriverista sobrevivió a la Restauración, y que siguió en política a través de las plataformas agrarias de la II Republica para ser de nuevo en ella diputado. No desapareció el caciquismo con la llegada de la democracia republicana, y muchos de nuestros pueblos continuaron dominados por “los de siempre” y siendo reductos de caciques que dificultaban o impedían las reformas emprendidas.

La vida rural y lo que de atraso económico y cultural y extendida ignorancia para tantos ella venía a representar propició y mantuvo en parte el sistema caciquil, que campó y fue consustancial y elemento clave en todo el periodo de la Restauración a la corrupción y al reparto del poder político que en ella se ejecutaba. No fue menor en los amaños y componendas electorales de los caciques la capacidad de influir para lograr desde los ayuntamientos exenciones más o menos fraudulentas o discrecionales al Servicio militar, que establecía la permanencia en filas por tres años en unos tiempos recorridos por frecuentes guerras y por los riesgos que ellas conllevaban. Afectando la quinta a los más desvalidos, muchas familias se arruinaban, dispuestas a caer en las garras de los usureros antes que perder al hijo. En los niveles de corrupción que rodeaban a los sorteos de quintas de los llegados a la edad prescrita debió de ser importante la presencia eclesiástica, refrendando con su autoridad tantos manejos en tiempos anteriores a la existencia de registros estatales y en los que el párroco y los libros parroquiales de bautismo eran testigos fehacientes para aquellas suertes, aunque eran también en ocasiones los secretarios de ayuntamiento quienes se prestaban a realizar en ello componendas ilegales y otras corrupciones caciquiles.

Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras de la provincia, de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)

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