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Joyas de archivo (II)

● IBAÑEZA.ES ►Lunes, 4 de enero de 2016 a las 9:09 Comentarios desactivados


Finalizando el mes de febrero entrega el arquitecto el proyecto solicitado, y señala al alcalde “su mal emplazamiento, haciéndole constar la solución obligada que ha debido adoptar, dada la disposición del canal existente”. En la sesión del 21 de marzo se da lectura a su informe “sobre el abrevadero y lavadero que pudiera construirse en la Plaza de la Laguna del Salvador, o de la Casa del Pueblo o Casa de los Obreros, donde se deriva el agua que transcurre por las calles Marqués de Cubas y del Carmen y como remedio para que deje de discurrir por ellas”, en el que el técnico salva su oposición en dicho asunto ya que “la solución que se intenta tiene dificultades, pues han de respetarse ciertas servidumbres de riego”, y se acuerda que el domingo próximo visitará el lugar la Corporación municipal.

En agosto de 1934 una comisión de vecinos del barrio del Polvorín (de la que forman parte algunos de los que habían pedido solares municipales en la Cuesta de Santa Marina ya en octubre de 1931) solicita al Consistorio terreno sobrante de la vía pública “para construir un depósito con sus lavaderos y abrevaderos, tan beneficioso para el barrio y en especial para las mujeres pensando en los meses de crudo invierno”. Firman la petición Melchor Quiñones, Modesto Martínez Castillo (ocuparía la presidencia de la Casa del Pueblo en algún periodo anterior a la primavera de 1936, sustituido por Manuel Raigada Ferrero), Toribio Prieto, Joaquín Casado, y Julio Fernández Martínez (uno más de los 11 bañezanos paseados en Izagre el 10 de octubre de 1936), y aluden en ella al proyecto de subida a la barriada “de las aguas del pozo por nosotros hecho”, el construido el año anterior en terrenos municipales y del que se surtirían aquéllos, cuyo emplazamiento más idóneo queda también a cargo del señor Nistal Blanco y del propio arquitecto, y a ellos, a Porfirio González y a José Santos Pérez como vocales de la comisión, y a los que integran la de vecinos, los cita el alcalde Juan Espeso González el día 13 para fijarlo. Ya en octubre, en la sesión municipal del día 10 (la última de aquella Corporación antes de ser suspendida y relevada por la Gestora que designa el gobernador civil), se acordaba que el arquitecto municipal estudie el modo de acondicionar la fuente del Arrote para que, sin perjudicarla, las lavanderas puedan usar las aguas sobrantes. En el segundo pleno del Consistorio impuesto se considera necesario preparar también un puentecillo para llegar hasta lo que allí ha de ser el lavadero.

Varios vecinos de los barrios de San Eusebio y San Julián presentan en la sesión municipal del 13 de noviembre de 1935 un escrito sobre los obstáculos que los nuevos dueños del prado del matadero colocan para impedir que se continúe lavando como hasta ahora en los sitios próximos a dicho prado, a los que se requiere para que no impidan el tránsito, a cuyo fin se les insta “a construir los que los sustituyan antes de quitar los puentes que las lavanderas aprovechaban”, y a que “no interrumpan el uso del agua, tan necesario para el servicio del lavado de ropas”, y se acuerda en la del día 27 que la comisión de Aguas visite el lavadero del Albergue y “adopte medidas para limpiarlo y conducir allí el agua para poder utilizarlo”.

En marzo de 1936 el alcalde de la Corporación electa repuesta poco antes, Joaquín Lombó Pollán, en cumplimiento del acuerdo adoptado, encarga de nuevo al arquitecto municipal, con premura, la redacción del pliego de condiciones facultativas para la contratación en pública subasta de la construcción de un lavadero público conforme al plano por él realizado el día 12 del mismo mes y que ha merecido la aprobación de aquella (también le solicita entonces que redacte el de ampliación del matadero municipal, “de igual extrema necesidad”, hace tiempo sentida y aún no realizada). Así lo hace el técnico, desprendiéndose del presupuesto elaborado un coste de la obra de 13.000 pesetas, acordando construirlo (a propuesta del concejal Narciso Asensio, que también propone que por unos obreros se limpien las Fontanas para que puedan usarse como lavaderos) en las inmediaciones de la cárcel y fijándose entre sus requisitos “el compromiso del constructor de no emplear en ella más obreros que los que se hallen inscritos en la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, respetando las Bases de Trabajo vigentes para tal tipo de obras”. Con tales acomodos se envía para ser publicitado al Boletín Oficial de la Provincia.

La subasta anunciada tiene lugar en la Casa Consistorial el día 11 de abril, como días antes ha hecho saber Ángel González González, teniente de alcalde primero y entonces alcalde en funciones. Habiendo quedado aquélla desierta, se celebra una segunda el día 20, informada tres fechas atrás por el alcalde titular Joaquín Lombó, reincorporado ya a su cargo (reelegido el 15 por la Gestora Municipal frentepopulista designada por el gobernador civil), que por falta de licitadores obtiene el mismo resultado, convocándose de nuevo la tercera para el día 23 (con idéntico desenlace), “pues interesa que se construya cuanto antes el lavadero para mitigar el paro obrero”, y se estima que la ausencia de concurrentes obedece a “lo atrevido y difícil de la obra y a que el tejado está proyectado en hormigón armado, precisando su construcción mucha madera que luego queda inutilizada”, considerando modificar el proyecto y hacer la cubierta de uralita o teja, “que poco podrá elevar el tipo de la subasta”, y a pesar de que el arquitecto, atendiendo al emplazamiento del lavadero en la vía pública, habrá atendido a su ornato y prestancia.

El alcalde aprovecha el mismo bando en el que dispone la nueva licitación de la obra para hacer saber además al vecindario que, “dispuesta la alcaldía a que los niños de ambos sexos en edad escolar asistan indefectiblemente a las escuelas o colegios, se advierte a sus padres que serán sancionados, en los límites máximos que permitan las leyes, aquellos cuyos hijos vaguen o transiten por la vía pública en las horas de clase”. Afortunadamente, estaban ya lejanos los tiempos en que en la Clasificación de las Escuelas existía la categoría de las que se denominaban “Elementales Incompletas” porque no impartían clases durante todo el curso escolar, sino solamente desde noviembre a febrero, periodo en el que los alumnos destinatarios de las mismas no se encontraban impelidos a ayudar a sus mayores en las faenas del campo y la ganadería por las extremas necesidades en las que unos y otros se mantenían y criaban, aunque aquella situación, a lo que parece, aún se continuaba produciendo, como desvela el hecho de que parecida preocupación mostrara por las mismas fechas en el cercano Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz uno de sus Concejales, Domitilo González Lobato (mi abuelo materno), que lo era por la formación azañista Izquierda Republicana, tratando de arbitrar soluciones al abandono escolar que se producía al llegar abril o mayo con la necesidad de que los educandos abandonaran la escuela para ponerse a ayudar en las faenas familiares.

Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras de la provincia, de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)

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