La ‘Alianza por la Unidad del Campo’, formada por Ugal-Upa y Coag, reclaman que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se dirijan de manera exclusiva al agricultor profesional y que se encuentra en situación activa, es decir, aquel que produce alimentos y cuida el medio ambiente. Por el contrario, se exigió la salida del sector agrícola y ganadero de los “cazaprimas y agricultores de sofá”, que están ganando miles de euros “con los impuestos de los ciudadanos y sin hacer nada”.
Así lo explicó el secretario general de Ugal Upa, Matías Llorente, que hizo un llamamiento a la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, para que sea valiente y salga adelante el documento suscrito entre el Ejecutivo autonómico y las fuerzas sindicales. “Ya está bien, se nos ha vendido demasiado humo”, criticó Llorente.
La situación actual, con especial hincapié en la PAC, ha llevado a estas dos organizaciones agrarias a nivel autonómico a convocar una manifestación en Valladolid para el próximo 25 de febrero. “Se ha vendido que la PAC va a beneficiar al agricultor activo”, pero la situación real es que existen “muchos recovecos” para que los “absentistas y agricultores de sofá” puedan volver a cobrar esta ayuda. “Sólo quedan excluidos los campos de fútbol, las propiedades ferroviarias, los campos de golf y los aeropuertos”, añadió Llorente.
Y es que en España existen un millón de hectáreas de pradera “que declaran para cobrar la PAC”, insistió Llorente, que recordó que en la provincia de León existen todavía unos 2.000 expedientes “parados” que podrían cobrar la ayuda el próximo mes de marzo, de los 14.000 perceptores de las ayudas de la PAC en el territorio provincial, de los que 7.800 se encuentran dados de alta en el sector.
En este sentido, el secretario general de Ugal Upa estimó que se producirán “un montón de facturas falsas” para justificar los ingresos necesarios para poder percibir las ayudas de la PAC. Por eso, se instó tanto a la Junta como al Gobierno central a empezar a hablar de actividad agrícola y que el perceptor de las ayudas sea “aquel que produzca alimentos y respete el medio ambiente”. Para ello, sería “imprescindible” llevar a cabo un control “exhaustivo” de las facturas de ‘inputs’ y también de la venta de productos o de autoconsumo.
La PAC no es el único motivo que ha llevado a la Alianza por la Unidad del Campo a convocar la manifestación en Valladolid. También la situación del sector remolachero, que es “imprescindible” en la comunidad, está suponiendo “una gran decepción”, especialmente después de que se haya anunciado la posibilidad de que las ayudas no se perciban por tonelada, sino por hectárea. “El que menos producción tenga puede cobrar más que el buen productor”, lamentó Llorente, que consideró que se trata de “una vuelta de tuerca”.
Por eso reclamó la intervención en este sector para evitar la desaparición de las cuotas en el año 2017. Llorente explicó que, además de perder mucho poder adquisitivo, parte del problema reside en que la industria azucarera “está haciendo de agricultor y no de industria”, lo que está provocando “un enfrentamiento muy grande entre los agricultores”. Llorente recordó que la industria azucarera cuenta con unas 2.000 hectáreas como agricultora propia, por lo que se reclamo que la ayuda acoplada “nunca la pueda cobrar la industria azucarera, sino que sea una ayuda del agricultor”.
En estos momentos la industria azucarera tiene unas 2.000 hectáreas como agricultora propio, y aquí pedimos que la ayuda acoplada nunca la pueda cobrar la industria azucarera, sino que sea una ayuda del agricultor. Pedimos a la industria que se dedique a hacer azúcar y que deje la producción para los profesionales, y que intenten que el beneficio vaya a parar a la remolacha para tener un rendimiento que permita mantener las azucareas, porque si no, el año que viene peligra alguna de las azucareras y empezarían los cierres.
Otros problemas
También el ‘tarifazo eléctrico’ es un inconveniente a día de hoy para los agricultores y ganaderos, que han sido víctimas de un incremento “muy grande”. De hecho, Llorente aclaró que en el caso de las comunidades de regantes supone casi 100.000 euros, algo a lo que la administración “tiene que reaccionar”. Por eso, desde las organizaciones agrarias Ugal Upa y Coag se reclamó un acuerdo “inmediato” a nivel nacional” y que se atienda al consumo de electricidad, así como que la contratación que se tiene en potencia “sólo se cobre cuando se está utilizando”.
En relación a las comarcas, demarcaciones que se contabilizan en Castilla y León en un número de entre 12 y 15, van a converger en los derechos y en su importe hasta el año 2019. Por eso, Alianza por la Unidad del Campo solicita comarcas agrícolas en las que no se supere el uno por ciento de pérdidas de los derechos que se tienen en la actualidad. “Que se hagan unas comarcas homogéneas, de manera que no se tengan sólo en cuenta los cultivos permanentes, sino los valores de los derechos” para que las pérdidas no superen “nunca” el uno por ciento.
Por último, en relación al Plan de Desarrollo Rural, Llorente incidió en que el Gobierno adeuda a la Junta un total de 40 millones de euros, así como que las modernizaciones, incorporaciones y las ayudas agroalimentarias “no están pagadas desde hace dos años”. Teniendo esto en cuenta, y dado que a partir de ahora el Ejecutivo autonómico tendrá que incrementar un 20 por ciento más a este plan, las organizaciones agrarias no ocultan sus dudas de que este dinero que “realmente va a parar a los profesionales” no lo pueda hacer frente la Junta “si no hay un cambio en la aportación del Estado”.
El cereal es uno de los sectores con más peso en la agricultura de la comunidad de Castilla y León.
