El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, firmaron el convenio de colaboración mediante el cual el Obispado cederá a la Junta antiguas casas rectorales en desuso de localidades del medio rural para que la Administración autonómica las rehabilite y las destine a personas con necesidades. La iniciativa, que ya se ha puesto en práctica en otras diócesis como León, Segovia, Palencia o Ciudad Rodrigo, permitirá que el parque público de alquiler social de la Junta en la provincia de León, que actualmente se compone de 128 viviendas, sume una docena más al año.
En ese sentido, la comisión mixta que se creará para hacer seguimiento del acuerdo será la encargada de analizar qué viviendas se pueden rehabilitar. Según las previsiones de la Junta, el convenio aportará cuatro viviendas al año, igual que el firmado hace dos años con el Obispado de León. La Junta invierte cerca de cuatro millones en esta iniciativa de la que ya participan cinco diócesis de la Comunidad y que, según valoró Suárez-Quiñones, “une los compromisos sociales de la Iglesia y de la Junta”.
“Recuperar el patrimonio ya existente es muy importante”, insistió el consejero, que subrayó la apuesta del Gobierno autonómico por la “filosofía de la rehabilitación”. En la misma línea, el obispo lamentó que “en los pueblos ya no hay gente ni sacerdotes”, por lo que consideró que la cesión de ese patrimonio inmobiliario en desuso puede suponer el inicio de “otras colaboraciones entre la Iglesia y las administraciones”.
Programas de rehabilitación
Por otra parte, Suárez-Quiñones valoró también los avances del programa Rehabitare, con el que se reforman antiguos cuarteles, casas de maestros o de médicos en los pueblos y al que la Junta destina cerca de seis millones de euros en toda la Comunidad. Igualmente, defendió el “especial compromiso con los pueblos” que supone la inclusión de las pequeñas casas individuales en los supuestos previstos en las ayudas a la rehabilitación, dotadas con 19 millones.
Además, el consejero defendió la existencia de ayudas al alquiler que cubren un 40 por ciento de la renta, porcentaje que asciende hasta el 50 por ciento en el caso de jóvenes y mayores de 65 años. Esta línea de ayudas tiene un presupuesto global de 15,3 millones, de los cuáles 2,7 se destinaron a ciudadanos de la provincia de León a través de un total de 2.273 ayudas concedidas.
Por último, Suárez-Quiñones también destacó que los convenios firmados con ayuntamientos y con la Consejería de Familia permiten aplicar el sistema de “ventanilla única” sobre el parque público de alquiler social, que se compone de 1.875 inmuebles. Al respecto, el consejero valoró que esas viviendas se ofertan a partir de 50 euros al mes “en función de las circunstancias del beneficiario”.
