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La Junta de Castilla y León y 23 asociaciones e instituciones exigieron este viernes al Gobierno central la supresión de la subida del IVA del diez al 21 por ciento a las bebidas azucaradas, prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, y la retirada de la campaña publicitaria ‘#El Azúcar Mata’, impulsada por el Ministerio de Consumo, y que ha generado tanta polémica al comparar al producto remolachero con un cigarrillo.

En una imagen de unión, que se celebró de forma telemática por las condiciones restrictivas del COVID-19, el consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, fue el encargado de dar lectura a alguno de los puntos, suscritos por colectivos productores del sector, patronal, sindicatos, organizaciones agrarias, industria alimentaria, de distribución y ayuntamientos de la Comunidad, entre otros. Carnero califica ambas acciones como “improcedentes, inoportunas y seriamente perjudiciales” tanto para el canal Horeca como para el desarrollo económico y social del medio rural y recordó que está considerado un “sector estratégico” en Castilla y León, donde genera 3.400 puestos de trabajo directos y otros muchos indirectos, dando empleo a más de 6.000 personas en España.

El manifiesto, que deja claro que el 85 por ciento de las 500.000 toneladas de remolacha que se producen en España corresponden a la Comunidad, se ha trasladado expresamente a tres ministerios, el de Hacienda, el de Consumo y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, si bien al titular de este último, Luis Planas, ya se le ha remitido una carta para explicar las razones de las disconformidades.

El texto rechaza “de pleno” el incremento del IVA, del 10 al 21 por ciento, de las bebidas con azúcares añadidos, propuesto en los PGE para el próximo año, por el “impacto negativo que tendría en este sector”, e insta a que se elimine esta propuesta en la aprobación definitiva de los mismos, que aún debe superar su tramitación parlamentaria.

Carnero abundó en el “daño” que se produce siempre que existe cualquier subida de impuestos, pues “desincentiva el consumo de los productos sobre los que recae”. En este caso, el incremento del IVA podría suponer pérdidas de valor añadido bruto de entre 110 y 344 millones de euros para la agroalimentación nacional, según un estudio elaborado por PwC, un impacto que soportaría sobre todo el sector agrario y el industrial, aunque también el transporte, la distribución y la restauración. De hecho, el propio proyecto de presupuestos, citó el consejero, habla de que la subida a las bebidas azucaradas es el 18 por ciento del total de la tarta de incrementos impositivos previstos en las cuentas para 2021.

Además, el documento muestra un “firme rechazo” a la campaña ‘#El Azúcar Mata’, puesta en marcha por el Ministerio de Consumo contra el azúcar, y que compara este alimento con el tabaco. Por ello, insta al departamento dirigido por Alberto Garzón a la eliminación de la misma.

Asimismo, todos los firmantes también se oponen a la “demonización, sin argumentos contrastados y consistentes, de cualquier alimento”, incluido el azúcar, y solicita a las administraciones competentes la realización de campañas informativas sobre consumos responsables de alimentos y hábitos saludables.

Un punto que destacó, particularmente, el consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, quien tomó la palabra para subrayar la “unidad” del sector, que confió “tenga sus consecuencias”. “Todo el mundo de la alimentación está alineado en el mensaje de que no hay alimentos buenos y malos, sino defender un consumo responsable”, reiteró. En la misma línea se postuló el presidente de Acor, Justino Medrano, quien alabó la importancia de este acto y añadió que en un contexto de crisis como el actual, “el impuesto a las bebidas no tiene ningún sentido”. Mientras, Paco Fernández, de Fica UGT, reclamó una rectificación al Gobierno y apuntó: “No podemos permitir que nos machaquen y criminalicen”.

Sector estratégico

Tal y como remarcó Carnero, el remolachero es un sector estratégico en la comunidad, donde se siembra el 70 por ciento de las 30.000 hectáreas que se cultivan en todo el país, que genera 4.200 puestos de trabajo directos y otros muchos indirectos, dando empleo a más de 6.000 personas. Además, las cuatro fábricas ubicadas en Miranda de Ebro, La Bañeza, Toro y Olmedo molturan el 85 por ciento de la producción, mientras que el resto se lleva a cabo en Andalucía.

El consejero de Agricultura recordó que cuando su departamento tuvo conocimiento del incremento del IVA a bebidas azucaradas y la campaña de Consumo, puso en marcha una serie de acciones, que empezaron por la petición al Ministerio de Agricultura de “interceder” para su retirada. Además, recordó que las Cortes aprobaron una PNL en términos similares y anunció que en breve arrancará una campaña que pondrá en valor el consumo moderado de azúcar y que pretende contrarrestar la del Gobierno.

También habló de la “vulnerabilidad social que se produciría si este sector no estuviera apoyado”, porque “supondría la desaparición de muchos trabajadores en el ámbito rural. En este sentido, comentó que el manifiesto está abierto a otras entidades e instituciones que consideren oportuno sumarse al mismo.

Fin al proceso de reestructuración

El propio manifiesto recuerda que en 2017 finalizó el proceso de reestructuración azucarera iniciado hace 15 años, con la eliminación de las cuotas de producción. “Esta nueva etapa se abre como una buena oportunidad para que el sector se refuerce en España, gane mercado interno, posibilite su crecimiento y obtenga más competitividad. Si se añade un elemento contrario a este planteamiento, en el sentido de reducir y desincentivar el consumo, el sector perderá su oportunidad, teniendo que reducir, aún más, su producción”, advierten los firmantes, quienes añaden que “conllevará el abandono de la producción remolachera por parte de los agricultores, cierres de fábricas azucareras y reducción de la actividad indirecta, en definitiva, una pérdida de riqueza y empleo”.

Integrantes del manifiesto

Además del propio consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, la relación de integrantes que han participado en la causa son las empresas transformadoras Acor y Azucarera; los ayuntamientos de La Bañeza (León), Miranda de Ebro (Burgos), Olmedo (Valladolid), Toro y Benavente (Zamora); las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL; Cooperativas Agroalimentarias de España; la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl); la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB); y Vitartis (Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León).

A ellas se suman las asociaciones de las empresas de distribución ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), ASUCYL (Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León), AGFAE (Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España), ANFABRA (Asociación de Fabricantes de Refrescos de España), Cecale (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León) y los sindicatos CCOO y UGT, con sus correspondientes federaciones.

La fábrica azucarera de La Bañeza ha sido profundamente reformada durante los últimos años. / Foto: E.S.

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