Edificio de viviendas protegidas construidas en el entorno del antiguo seminario.
La Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adquirieron 14 viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para incorporarlas al parque público de vivienda y destinarlas al alquiler o en régimen de cesión de uso. El coste de la operación, cofinanciada por ambas administraciones, asciende a 1,1 millones de euros.
Las 14 viviendas adquiridas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se localizan en las nueve capitales de provincia, además de en La Bañeza (León), Cabrerizos (Salamanca) y San Cristóbal de Segovia, donde «existe un número muy importante de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que demandan una vivienda en alquiler», según informó la Junta en un comunicado recogido por Ical.
La compra se encuadra dentro del nuevo Plan para el acceso a la Vivienda 2022-2025 y es fruto del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento firmado el 26 de octubre de 2022 entre ambas administraciones. Hasta ahora, el número de viviendas adquiridas es de 11, a falta de realizar la compra de las tres últimas antes de finalizar el año.
El origen de la compra radica en el convenio de colaboración firmado en 2015 entre la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente (actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) y SAREB para la incorporación, por un periodo de cuatro años, de un centenar de viviendas al parque público de alquiler que gestiona la Junta.
Estas viviendas se alquilarán a personas y familias a un precio que oscilará entre los 125 y los 400 euros mensuales, dependiendo de dónde se encuentre la vivienda y de su superficie, así como de las circunstancias personales, económicas y sociales del inquilino quien, en ningún caso, aportará más del 30 por ciento de sus ingresos.
