El Movimiento ‘Tren de la Ruta de la Plata’ (MTRP) ha hecho llegar a las Comisiones de Presupuestos y Transportes Movilidad y Agenda Urbano del Congreso de los Diputados una enmienda a los presupuestos generales del Estado para 2021, en la que reclama una partida de 250.000 euros para la realización del estudio de viabilidad sobre el trazado Plasencia-Astorga y el anteproyecto de reconstrucción.
La enmienda presentada por el colectivo en defensa de la línea ferroviaria que vertebra el oeste de España, iba acompañada de las mociones aprobadas en prácticamente todos los ayuntamientos de la ruta, así como en la Asamblea de Extremadura y el Parlamento Andaluz, junto con una Proposición No de Ley de la Comisión de Fomento en 2017.
Todas estas peticiones remitidas a Fomento no tuvieron respuesta y se puso en marcha una Queja al Defensor del Pueblo, que ha reconocido el derecho a la movilidad de los ciudadanos de la Ruta de la Plata y de toda España, sin discriminación por el lugar de residencia o por su nivel de renta.
El Defensor del Pueblo ha plasmado en su informe de 2019 que la respuesta de Renfe y la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento se basa en que el establecimiento del espacio ferroviario único europeo marca una convivencia de los servicios comerciales en régimen de competencia y luego unas Obligaciones de Servicio Público. El Defensor del Pueblo dice que el marco europeo no puede verse únicamente como un instrumento regulatorio para la actividad empresarial de los operadores; y que deben contemplarse los derechos y libertades de quienes por vivir en zonas aisladas o carecer de recursos no pueden acceder a la movilidad.
Aunque parece que las Obligaciones de Servicio Público sirven para compensar el funcionamiento de los servicios menos rentables, la realidad según el ‘Acuerdo por el que se establecen las obligaciones de servicio público correspondientes a los servicios de transporte ferroviario de viajeros competencia de la Administración General del Estado en la Red Ferroviaria de interés general’, aprobado en el Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, es que todas las líneas ferroviarias de cercanías, medias distancias y algunas líneas de alta velocidad, están catalogadas de obligación de servicio público y por tanto también subvencionadas. Como lo está la industria del automóvil, la aviación civil.
La posición del Defensor del Pueblo reafirma al Movimiento ‘Tren de la Ruta de la Plata’ en que hay discriminación por razones de lugar de residencia y de renta en el modelo ferroviario español, y esto, según el colectivo, “es intolerable. Nos sentimos pues respaldados por los órganos de representación popular locales, autonómicos y estatales” que apoyaron la reapertura de la línea Plasencia-Astorga y por el del Defensor del Pueblo, que defiende la igualdad de derechos de acceso a la movilidad. “Y exigimos muy poco, pues el ritmo y la gravedad del cambio climático y de la despoblación justifican una mayor diligencia en acometer los cambios necesarios e ineludibles, en los cuales una malla de ferrocarril convencional es imprescindible”, aseguran.
Estación de La Bañeza a mediados de los años 30.
Con la desaparición del tren Ruta de La Plata entre Plasencia y Astorga, se fraguó la ruina del Oeste de España, sin ella no hay futuro.