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La revuelta de octubre de 1934 en La Bañeza (y IV)

● Ibañeza.es ►Lunes, 21 de noviembre de 2016 a las 8:47 Comentarios desactivados


También por fuentes municipales conocemos la suspensión de funciones (en virtud del artículo 189 de la Ley Municipal de 1877, según el oficio que llegaría el día 10) del primer teniente de alcalde, Ángel González González, regidor accidental desde mediados de septiembre por permiso del titular, alegando posiblemente para ello (como se hizo en Madrid o León) el abandono de sus obligaciones y la falta de cooperación y asistencia al poder público. Sabemos además que el día 6 de octubre se cerró una de las armerías de la ciudad, y se ordenó por el alcalde (ya posiblemente el sustituto Manuel Martín Martín o el concejal –Joaquín Lombó Pollán, seguramente- en quien delega, dada su enfermedad que lo obliga a permanecer en su domicilio) al comandante del puesto de la Guardia Civil –teniente Pérez Renedo- se informe de quién lo dispuso, para proceder a su detención, así como la de cualquier persona sospechosa. Además de los números del cuartel bañezano debieron de concentrarse aquellas fechas en La Bañeza abundantes guardias civiles (aunque hay fuentes que mantienen que “se bastó el puesto de la Guardia Civil para mantener el control sobre la villa”), pues se abonaba a primeros de noviembre al hostelero Fernando Delgado Fernández 357 pesetas por camas de la fuerza en las concentraciones de los días del movimiento revolucionario (unas 200 pernoctas, según el importe al que sabemos se le facturaban unos meses antes), además de las 86 pesetas que se le satisfacían pocos días después “por camas y cenas con motivo de las concentraciones de presos”, y la cuenta que a final de diciembre queda pendiente de saldar a Pedro Calvo “por camas para la Guardia Civil cuando hizo vigilancia en el Depósito”.

Portada de una publicación de entonces. En portada la imagen del Cristo de Bembibre que los revolucionarios respetaron “por ser rojo”.

Se informa al día siguiente al gobernador civil de la detención de 14 individuos por reunión clandestina (en las canteras); a los dueños de imprentas y a los directores de los semanarios Avance, El Adelanto y La Hojita Parroquial se les comunica cumplan con la previa censura decretada, y a Manuel Fernández Raigada, encargado del Depósito Municipal de Presos y Detenidos, se le insta a cumplir con su régimen de funcionamiento para evitar sanciones, bonificándolo el día 23 con 100 pesetas por el tiempo dedicado a la atención de los presos, cuyos racionados o socorros, adelantados a la Prisión Provincial por el ayuntamiento, importarán este mes de octubre la inusual y enorme cantidad de 2.300 pesetas, dado el excepcional exceso de detenidos que ha causado que el responsable de atenderlos no pueda dedicarse además a su trabajo (calculando a la baja, de aquellos y otros datos obtendríamos una ocupación media del Depósito para los días de octubre del 6 al 31 en torno a las 70 personas, para una capacidad máxima de 32 y un numero de recluidos que no solía exceder de la docena, en unas instalaciones muy deterioradas).

El día 9 informaba la alcaldía al sereno Rufino Blanco Arija haberlo suspendido de empleo y sueldo (se le repondría al poco como policía municipal, aunque el criterio de la nueva Corporación será “cambiarlo a otra ocupación, dado que es analfabeto”) y a los alcaldes del partido de la obligación de incautarse de los camiones de carga y coches de viajeros de su jurisdicción para que sus dueños los presenten a disposición de la autoridad militar en la Auto Estación de León el día 11, fecha en la que el de San Adrián del Valle comunica haber recibido el aviso; notifica el de Castrillo de la Valduerna que “el auto de viajeros de B. de la Fuente está en reparación, pero se presentará tan pronto esté en condiciones”, y el de Bercianos del Páramo indica que en aquel municipio no existen tales coches, extremos todos que se trasladan al gobernador civil, añadiendo “poner de manifiesto que por informes muy veraces los alcaldes de Riego de la Vega, Castrocontrigo y Destriana no han notificado de la requisa a los interesados”, lo que si debieron de realizar días más tarde, pues al menos en el lento proceso posterior de indemnización por las incautaciones de aquel periodo, en las correspondientes a vehículos aparecen, junto con otras a satisfacer en León a Ángel Beltrán Álvarez o a los dueños de dos camionetas en Valencia de Don Juan y un camión en Astorga, las de los autocamiones de los vecinos de Destriana Ricardo Josa Luengo y Domingo de la Iglesia. En cuanto a los vehículos requisados en La Bañeza, aún a la mitad de junio de 1935 se hacían desde la alcaldía bañezana consultas a la Intervención de Guerra de León sobre los que lo habían sido al servicio del Ejército. Julio de la Torre, propietario del leonés Palacio del Hielo, hará entonces una reclamación de 30.000 pesetas al Estado y a su Comisión de Requisas “por el tiempo (seis meses) que ha tenido ocupados sus locales almacenando allí material de guerra y otros objetos, explosivos entre ellos, lo que hizo que se le marcharan los inquilinos que ocupaban la casa”.

Se remitía al gobernador civil el día 18 un escrito expresando “la adhesión de la Corporación bañezana al gobierno por el acierto en la defensa de la indivisibilidad nacional, así como en la contención del movimiento anárquico”, y el 23 al teniente jefe del puesto de la Guardia Civil se transmitía “nuestra gratitud por su intervención y a las fuerzas a sus órdenes en los días pasados”. En la misma fecha se participaba a la alcaldía desde el gobierno civil que se ha abierto una suscripción para recompensar a la fuerza pública y premiar su abnegación, valor y patriotismo, y una semana después desde el Consistorio de Oviedo piden ayuda con motivo de los sucesos revolucionarios desarrollados en la ciudad que causaron su ruina económica.

Al acabar octubre se confirmaba con satisfacción que la familia del juez de Primera Instancia de La Bañeza, José María Fernández Díez Faes, residente en el asturiano pueblo de Moreda de Aller (donde se había producido el 6 de octubre alguna víctima de derechas) ha resultado ilesa en los sucesos del movimiento revolucionario, al igual que los padres y hermanos de su esposa, que viven en Oviedo, de algunos de los cuales se dijo que habían perecido (si perecieron el 8 de octubre, fusilados por los revolucionarios, un sacerdote y ocho hermanos de las Escuelas Cristianas en Turón, uno de los cuales -Benito de Jesús- había sido profesor en el astorgano Colegio de La Salle de 1929 a 1933; todos ellos fueron canonizados en 1999). El 24 de aquel mes es encausada por el comandante juez instructor de la Caja de Recluta de León Vicenta Avelina Turrado Alonso, de 36 años de edad, natural de Redelga de la Valduerna y vecina de La Bañeza, juzgada a final de enero de 1935 en consejo de guerra en el leonés Cuartel del Cid por insulto a la fuerza armada cuando el 9 de octubre la Guardia Civil llevaba detenido a su marido y ante su negativa, al preguntarle por el delito cometido, dijo a los guardias: “estos canallas de estos tíos vienen a mangonear el pueblo y se va a armar una más gorda; hay que quemarlos vivos”, considerándose su actuación como delito comprendido en el bando de guerra que el general López de Ochoa había firmado y emitido. Defendida por el joven abogado Carlos Álvarez Cadórniga, alegará el defensor que “su frase se refería a los propagandistas de la revolución que aquellos días andaban por La Bañeza, ya que los guardias eran los del puesto de la ciudad”.

Ya en noviembre, el día 8, del Monopolio de Petróleos comunican desde León que las facturas presentadas por el encargado del surtidor de la calle Astorga, Santiago Vidales Manjón, por gasolina y aceite empleados en desplazamientos con motivo del movimiento revolucionario sean abonadas por el Ayuntamiento, y se liquidarán más tarde por el ministerio de la Guerra.

A finales de diciembre, el día 26, en el puesto de la Guardia Civil de La Bañeza, a raíz de haber sido detenido como complicado en los sucesos revolucionarios un tal Miguel Antonio, se recibía una confidencia acerca de la desaparición de un cajón que contenía al parecer cosas importantes. Se hicieron pesquisas que condujeron a la detención de dos jóvenes vecinos de Sacaojos, Felipe Martínez Álvarez y Manuel de la Fuente Martínez, de 22 y 24 años de edad, que declararon que el cajón estaba enterrado en una cantera de aquel pueblo, de la cual fue extraído por la Guardia Civil, hallando en su interior una bandera comunista, libros, revistas y folletos de venta prohibida, tres porras de goma y otros objetos. El tercero de los detenidos, Manuel de la Fuente, casado, albañil, padecerá prisión después de julio de 1936, y también su esposa Elpidia; su hermano Francisco de la Fuente Martínez sería uno de los once paseados y echados a la “fosa de los bañezanos” en Izagre el 10 de octubre de 1936). El segundo, Felipe Martínez –el mayor de los seis hijos de Horacio Martínez Blanco, maestro en aquella pedanía-, será responsable de una de las secciones de la Casa del Pueblo (ya lo era en 1934) cuando en julio de 1936 se produzca el golpe militar, y uno de los que participe en la leve oposición al mismo en La Bañeza.

Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras de la provincia, de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)

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