La nueva Política Agrícola Común (PAC) pone en la cuerda floja el futuro de unas ayudas específicas que da España al girasol y la colza, en un año especialmente crítico para el campo por los estragos de la sequía y por el déficit de oferta por la guerra en Ucrania.
Las alarmas han saltado en el sector agrario porque a la hora de revisar el plan estratégico nacional de la PAC que se aplicará a partir de 2023 la Comisión Europea (CE) ha cuestionado unos apoyos específicos que España concede «acoplados» a esos dos cultivos.
La CE ha confirmado en el Parlamento Europeo que existen problemas para encajar jurídicamente la continuidad de tales ayudas acopladas y por ello autoridades españolas y comunitarias están a la búsqueda de solución.
En la práctica, la supresión de esas ayudas -que rondan los 45 millones de euros- significaría que ese montante se destine a otras partidas de la PAC, como el «régimen del pago único» o «sobre» de ayudas por hectárea general para todos los cultivos.
El apoyo a la colza y al girasol se ve cuestionado precisamente en lo que los agricultores consideran la peor campaña de las dos últimas décadas por las olas de calor y la sequía; además, en medio de la guerra de Ucrania, líder mundial en la exportación de girasol, materia prima fundamental para alimentos y piensos.
