En 1932 la Diputación de León tratará de hacer un estatuto leonés contando con los representantes en Cortes y los ayuntamientos de la provincia, y Acción Agraria Leonesa celebra una asamblea en la que define su ideario como “agrario y leonesista” y su programa autonomista, regionalista y leonesista, que persigue una autonomía basada en la personalidad leonesa, con una Diputación y unos municipios leoneses autónomos, éstos “con la institución del Concejo abierto en la plenitud de su organización y funciones, sustituyendo en muchos casos a los artificiosos ayuntamientos existentes”, con “legislación y ejecución sólo para la esfera regional en materia de régimen administrativo y Hacienda autónoma a base de un concierto económico periódicamente revisable”. En septiembre del mismo año las Cortes aprueban el Estatuto de Cataluña; la reacción anticatalana se generaliza en todo el país, y las inquietudes castellano-leonesas, apoyadas por un sector importante de la opinión pública, se canalizan hacia la consecución del Estatuto de autonomía como solución al problema regional, impedido una vez más por el triunfo de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933. Antes, el líder de Acción Agraria Leonesa, Antonio Álvarez Robles, lanza desde El Diario de León un proyecto que busca primordialmente objetivos económicos y potenciar la identidad cultural de la provincia, afirmando y desarrollando los valores culturales que se convertirán en 1933 en la corriente del “leonesismo cultural”.
Diputados nacionales por León en el año 1931.
En el segundo bienio republicano refluyeron las exaltaciones regionalistas del primero, con una mayoría parlamentaria de derechas obstructora del autonomismo y un gobierno que lo frenaba en Cataluña e impedía otros intentos periféricos, y en León ya desde finales de 1932 comienza a imponerse la que devendrá mayoritaria posición de esperar el momento para reclamar una prudente autonomía regionalista (contrapuesta al separatismo y al nacionalismo), sin hacer más desde la izquierda que observar el curso de los procesos que otros habían ya iniciado, mientras que los conservadores aspirantes a dirigir el leonesismo optaban por aguardar reforzando sus desdibujados trazos y diluida personalidad regional, y “tiempo habrá de formar el estatuto y de pedir la autonomía, si se ve que por el camino de los catalanes se puede llegar a alguna parte, …en tanto se estudia, se forma y vigoriza la conciencia regional”, y a ello ajustaron sus iniciativas algunas de las fuerzas vivas y culturales leonesas como el Grupo de Tradiciones Leonesas, que rescataría ceremonias como las del Foro u Oferta (las Cabezadas) y las Cantaderas, en las que la participación municipal era temporalmente suspendida por el ayuntamiento en aplicación de las leyes de laicismo, y organizará veladas en el claustro catedralicio, conmemoraciones y conferencias, y celebraciones como la del Día del Libro Leonés, todas con el apoyo de la Diputación provincial.
La actividad regionalista y el leonesismo cultural resurgen y se animan en 1934 después del acceso al poder de los radicales y hasta los sucesos de octubre, que bloquearon una vez más el proceso regional español. En 1935 la derecha (que aún respeta al régimen republicano) se manifiesta opuesta a los nacionalismos pero partidaria de una descentralización del Estado a través de la articulación autónoma de las regiones mientras ello no afecte a la soberanía nacional, lo que, junto a la inútil polémica con Castilla, frenarán aquel resurgimiento.
Por lo que hace a la provincia leonesa, donde ya Fernando Merino, conde de Sagasta, había representado una aspiración leonesista, más o menos hábil o discretamente llevada, contra la aspiración o realidad centralista encarnada por los políticos datistas o garcíaprietistas, una de las características distintivas, no obstante, del regionalismo leonesista, del leonesismo cuyas raíces e impulso se hunden en el siglo XIX, frente al castellano-leonés fue la distinta relación que uno y otro tuvieron frente a las reivindicaciones autonómicas catalanas: Cuando en diciembre de 1918 se redacta por los representantes de las diputaciones de Castilla y de León en Burgos un documento de oposición al nacionalismo catalán, el ayuntamiento de León con su alcalde socialista Miguel Castaño al frente rechazará tales acuerdos y se manifiesta favorable a las pretensiones catalanas a la vez que reclama una amplia descentralización para municipios y provincias.
(Ya en el periodo revolucionario, de 1869 a 1873, los federalistas pretendieron una descentralización del país en contraposición al religioso y tradicional arcaicismo carlista de los fueros. La Primera República recogió en su proyecto de Constitución federal del 17 de julio de 1873 la pretensión de crear un único Estado federado -dentro de los 15 proyectados- de once provincias en el valle del Duero español que además hubiera comprendido las de Logroño y Santander, como pocos años antes habían propugnado para Castilla la Vieja desde Valladolid en el Pacto Federal Castellano. Aquel proyecto será contestado por los republicanos leoneses de manera contundente, y a la Asamblea Constituyente llegó en agosto de 1873 desde la comisión de la Diputación provincial de León -integrada por el secretario y cinco diputados, todos monárquicos- y apoyada por el ayuntamiento de La Bañeza y otros como los de Valencia de Don Juan y Riaño, una petición de su modificación que permitiera a la provincia formar un Estado propio dentro de la República Federal Española. El fin del breve régimen republicano, a principios de 1874, dio al traste con una y otra iniciativa.)
Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras localidades provinciales -León y Astorga-, de 1808 a 1936), publicado en 2013 en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)
