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El cierre perimetral de Castilla y León ya es efectivo desde las dos de la tarde de este viernes hasta las dos de la tarde del lunes 9 de noviembre no se podrá entrar ni salir del territorio geográfico de la Comunidad sin justificación. El incremento de contagios en esta segunda ola de la pandemia del coronavirus, la Comunidad se cierra limitando la movilidad y sin que se pueda entrar o salir de ella.

La Policía Nacional y la Guardia Civil despliegan un operativo especial para vigilar que se cumple con el fin de frenar la expansión del virus. La Policia Nacional tiene efectivos vigilando estaciones de tren y autobús de toda la Comunidad para comprobar el destino de los billetes de los viajeros o, en su caso, sus documentos justificativos para salir de la Comunidad, mientras la Guardia Civil de Tráfico, en colaboración con las Comandancias y la Guardia Civil de las comunidades limítrofes, ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia en todas las autovías, carreteras nacionales y ejes principales, en las provincias colindantes con otras regiones para asegurarse de que no se produce tránsito fuera de los casos exceptuados.

Las justificaciones válidas para acceder o salir de la Comunidad serán: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; causa de fuerza mayor o situación de necesidad; y cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

No obstante, la circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del territorio de Castilla y León.

De la misma manera, la Junta prohíbe las reuniones de más de seis personas no convivientes en espacios tanto públicos como privados. Esta limitación no afectará a la confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen específico de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria. Esta medida está ya en vigor, desde su publicación en el Bocyl, pero, en cambio, no hay fecha de suspensión sino que mantendrá su eficacia “mientras dure el estado de alarma”, sin perjuicio de que pueda ser modulada, flexibilizada o suspendida en cualquier momento por el Presidente de la Comunidad de Castilla y León.

Pancarta colocada en la Casa Consistorial.

Desde este viernes en uno de los balcones de la Casa Consistorial de La Bañeza cuelga una pancarta con el lema ‘El azúcar no mata. El impuesto destruye riqueza, empleo, mundo rural y España vaciada’ para expresar el rechazo municipal y de los sindicatos a la propuesta de subida del IVA que planea el Gobierno para las bebidas azucaradas.

Como se recordará, el Ministerio de Sanidad anunció hace algunas semanas que el impuesto de los refrescos pasará del 10% al 21% y desde entonces, sindicatos de Azucarera, responsables municipales y agricultores han mostrado su rechazo a esta medida porque consideran que la remolacha es un cultivo sostenible y de vital importancia para la economía rural, mientras que demonizar el consumo del azúcar no es la solución.

Imagen de archivo de un partido la pasada temporada.

Este domingo, 1 de noviembre, y después de ocho meses de parón regresa el fútbol de competición oficial a La Llanera con un derbi que enfrentará a partir de las 16:30 horas a La Bañeza y el Atlético Bembibre.

En la tercera jornada del subgrupo A, del grupo octavo, La Llanera espera a la afición para acompañar al conjunto morado, que deberá seguir un estricto protocolo anticovid. Por ese motivo, además de la mascarilla obligatoria y la distancia social es necesario entregar los datos a la entrada al campo.

Para ello se recomienda acudir 30 minutos antes del comienzo, tiempo durante el que se podrán recoger los abonos de temporada.

Momento de la entrega de la documentación.

La sede de la Comunidad de Regantes de la Presa Baja, en Vecilla de la Vega, acogía, en presencia de su presidente y el secretario, Pedro Miguel Rodríguez Díez, vecino de Soto de la Vega, la entrega de los documentos pertenecientes al archivo histórico de la entidad que ya se daban por desaparecidos.

Se sabía de su existencia por figurar relacionados en las actas de la entrega del inventario que se redactaban año a año para dejar constancia del cambio de los jueces preseros salientes y entrantes (la más antigua que obra en poder de la Comunidad data del 11 de noviembre de 1890).

Formaban parte, junto con los alcaldes de Barrio (equivalentes a los actuales Presidentes de las Juntas Vecinales), de la junta que dirigía la comunidad por el período de un año, hasta que finalmente se procedió a su legalización cumpliendo lo establecido en la Ley de Aguas de 1879 tras la puesta en explotación del Embalse de Los Barrios de Luna (el más antiguo de los documentos a los que se hace mención data del 6 de febrero de 1690, hecho ante el escribano Alfonso de Villazala). En dichas actas se hacía mención a los bienes entregados, incluida el arca de las tres llaves, que aún se conserva y que servía de archivo para la custodia de dichos bienes, que integraban el patrimonio de la comunidad. Para abrirla tenían que estar presentes los dos jueces y el alcalde de Barrio de Vecilla de la Vega, ya que cada uno de ellos tenía en su poder una de las tres llaves que permitían su apertura.

Pedro Miguel Rodríguez Díez, es hijo de Maximino Rodríguez del Río ‘Navarrín’, ya fallecido, que desempeñó el cargo de Secretario de la comunidad durante más de 30 años (hasta febrero de 1987), participando en la fundación de la entidad tal y como se conoce hoy en día y en la redacción de las Ordenanzas y Reglamentos que regulan su funcionamiento, que datan del año 1959.

Gracias a ‘Navarrín’

Ha sido el celo de Maximino en guardar dichos documentos lo que ha permitido su conservación, porque al no contar la comunidad con una sede propia (en la actualidad sí la tiene desde junio de 2011) podrían haber desaparecido fácilmente. El presidente de la comunidad agradeció al hijo de ‘Navarrín’ la entrega de todo este archivo histórico guardado en su día por su padre, con la promesa de custodiarlo en el futuro para que estos documentos no queden en el olvido.

Desde el siglo XIV al XX son numerosos los pleitos y litigios causados por los derechos de agua y toma mantenidos con otras comunidades que derivaban su caudal aguas arriba e, incluso, entre los propios pueblos de la comunidad. Uno de los más sonados fue el que enfrentó al Cabildo Catedralicio de Astorga con el Marqués de Castañón en la segunda mitad del siglo XVIII por la pretensión de este de llevar las aguas del Río Órbigo al despoblado de Hinojo, buscando los primeros el apoyo de los pueblos ribereños por resultar perjudicados por la pretensión del marqués de construir una nueva toma aguas arriba de las que ya existían para derivar caudal hacia sus tierras. Al final el Marqués resultó victorioso, figurando la documentación relacionada con el pleito entre los archivos entregados. Dentro de la comunidad habría que destacar los continuos litigios entre los pueblos de arriba y los de abajo (Soto de la Vega y Requejo de la Vega) a los que les llegaba difícilmente el agua (uno de los documentos, del año 1836, refleja una demanda en este sentido). Este hecho les llevó a construir una nueva toma en el río, conocida como la Presa San Miguel, que enlazaba con el cauce histórico de la comunidad y les conducía el agua directamente a sus términos. No sólo se limitaron a realizar la citada toma y la presa correspondiente, sino que las Juntas Administrativas de ambas localidades obtuvieron a finales del siglo XIX la primera concesión de aguas existente en la comunidad (tan sólo para dichos términos), mucho más antigua que la que está vigente en la actualidad.

Tanto los documentos recuperados como los planos cartográficos del siglo XVIII pertenecientes a la Real Chancillería de Valladolid (equivalente al actual Tribunal Superior de Justicia), cuya realización se encargaba a los peritos de la época para que sirvieran de prueba en los pleitos por derechos de aguas, dan fe de los continuos litigios existentes, prueba evidente de la importancia del agua como valor económico a lo largo de la historia.

Historia de la comunidad

Para conocer unas pinceladas de la historia de la comunidad, decir que la Ribera Baja del Órbigo, una de las vegas más ricas y densamente pobladas de la provincia de León, estaba surcada por numerosas arterias de regadío existentes desde los siglos XIII y XIV y con una tradición agrícola de alto valor económico desde sus orígenes. Una de ellas es la Gran Cequia de la Mancomunidad (hoy Presa de la Vega de Abajo), que a través del puerto sito en término de San Pelayo riega términos de Villamediana, Seisón, Veguellina de Fondo, Matilla, San Román el Antiguo, Oteruelo, Vecilla, Alcaidón, Soto, Requejo y Huerga, para desembocar posteriormente en el río Tuerto, justo antes de su confluencia con el Órbigo.Se trata de una Comunidad privada de Regadío Concesional cuyos antecedentes se remontan al siglo XIV (al igual que el resto de las Presas Tradicionales del Órbigo como pueden ser la Cerrajera, La Tierra, la Forera, el Moro o el Caño de los Cuatro Concejos) y que pudo tener sus orígenes en el Priorato de Soto de la Vega, dependiente del Monasterio de Carracedo (en principio perteneciente a la Orden Benedictina y con posterioridad a la Orden del Císter). Dicho Priorato se extendía por una de las zonas más ricas de la vega del Órbigo y se trataba de uno de los que más impuestos y productos agrícolas aportaban al citado monasterio, contando incluso con sus propios molinos harineros, la mayoría de los cuales ya no funcionan en la actualidad. En muchos casos, existen dudas a la hora de fundamentar el origen de todas estas arterias de agua: si fue el riego o el accionamiento de estos artefactos que transformaban en harina el cereal de invierno (trigo, cebada, centeno, avena), cultivos predominantes en zona, al igual que el lino. Llegó a haber, al menos, 13 molinos a lo largo de los 12 km de recorrido de la Presa General. En la actualidad, aún existen 7 molinos que conservan toda la maquinaria necesaria para su funcionamiento.

En definitiva, se puede decir que la Comunidad ha recuperado parte de su historia con la entrega de estos documentos que ya se daban por desaparecidos. Uno de ellos, probablemente el más antiguo, fue redactado en Villoria de Órbigo en el año 1499 y tenía como fin el compromiso de los pueblos de la Comunidad de que la toma de la presa no causase daños en sus tierras y las de los propietarios de Villoria cuando se produjesen desbordamientos en el río Órbigo.

Fotografía de archivo de un campo de maíz.

Nueva subida registrada en la última sesión de la Lonja Agropecuaria de León para todas las categorías de cereales y el maíz como protagonista alcanzando la cifra psicológica de 200 euros tonelada. Y eso aunque las cosechadoras en la provincia leonesa a día de hoy están paradas debido a las lluvias pero se prevé continuar la cosecha en breve.

En cuanto a los mercados internacionales estos últimos días están acusando cierto cansancio, esto sumado a las lluvias acaecidas en las principales zonas productoras ha hecho que las bajadas hayan sido generalizadas. Por tanto, momentos de incertidumbre a los que habrá que estar muy atentos, según se estima desde el organismo, avanzando que la próxima semana deja de cotizar el girasol al no existir transacciones entre productores y almacenistas.

La Agrupación Local del PSOE de Jiménez de Jamuz ha emitido este miércoles un comunicado a tenor de las declaraciones hechas por parte de Lucas González, sobre su dimisión irrevocable como alcalde (pero no como concejal) del Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, en el que acusa al regidor de “reiteradas referencias y mentiras vertidas tanto sobre la agrupación como sobre la concejala socialista María-Ángeles Celada Murciego”.

En este sentido, los socialistas aseguran que la agrupación local del PSOE de Jiménez de Jamuz “no tiene ni ha tenido nunca ni decisión ni intervención en las gestiones municipales del Ayuntamiento, ni mucho menos en la elaboración de la lista municipal socialista de la presente legislatura”.

Además, reiteran “que la concejala socialista María Ángeles Celada Murciego nunca ha bloqueado ni se ha interpuesto a ninguna propuesta o iniciativa del grupo municipal socialista al cual ella también pertenece. Que el único punto en el que no votó junto a su partido, por coherencia y sentido común, fue la eliminación de las Juntas de gobierno, ya que llevaba mucho tiempo quejándose de que se estaban realizando demasiadas juntas, sin apenas temas que tratar en ellas, y lo que estaba viendo era un despilfarro de dinero municipal innecesariamente, y así se lo manifestó tanto al Sr. Lucas como en un pleno municipal”.

Estas manifestaciones, que constan en el acta plenaria, le costaron a Celada “ser destituida de la Junta de Gobierno por parte del Sr. Lucas González, alegando éste falta de confianza”, mientras apuntan que “el único bloqueo con el que se ha encontrado el Sr. González es el de su socio de gobierno (Podemos), que no le votó a favor en la aprobación de los presupuestos, ya que se abstuvo, y éstos salieron adelante gracias al voto de calidad del alcalde”.

Los socialistas de Jiménez apuntan que el alcalde “ha decidido dimitir (a medias), ya sea por cuestiones personales, de salud o porque el cargo le ha venido grande”, y le piden que “dé la cara valientemente y lo manifieste tal cual es, pero que no eche culpas a nadie ni de su gestión ni de su decisión”.

El senador del Partido Popular por León Javier Santiago Vélez se reunió este miércoles con el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la concejala de Promoción Industrial, Lorena Calderón, así como algunos representantes del sindicato UGT-Fica para anunciar que llevará una moción a la Cámara Alta y tratará de incluir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado en defensa del sector remolachero y azucarero.

Los responsables municipales bañezanos le trasladaron su “preocupación” por la situación del sector azucarero-remolachero, ya que entienden que el impuesto que se le quiere aplicar a este producto afecta directamente a la industria de la zona, que, reiteran, “ofrece muchos puestos de trabajo, con personal altamente cualificado”.

Los integrantes de la reunión han vuelto a incidir en el carácter “esencial” de este producto “tan importante en la industria alimentaria, y no entendemos que con los esfuerzos que se están haciendo para reducir la huella sobre el territorio, a través de las inversiones para la modernización del regadío, se esté atacando precisamente a una industria que se está esforzando por cumplir con la Agenda 2030”.

Tampoco entienden que, mientras que la Junta de Castilla y León está dando su “completo apoyo” al sector –puesto de manifiesto por el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita a la Azucarera el pasado mes de mayo–, desde el Ministerio se esté “dinamitando”, dicen, destacando que las consecuencias de esta medida se vivirán de cerca en esta España vaciada”.

El senador, por su parte, entendió esta posición y se comprometió a llevar una moción al Senado y a incluir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para 2020, relativa a este asunto, tal y como señalaron fuentes del consistorio bañezano tras el encuentro.

Tras haber sido solicitado por solo seis de los más de sesenta establecimientos hosteleros de la ciudad, el Ayuntamiento de La Bañeza ha decidido ampliar de forma indefinida el plazo para la concesión del sello de calidad turística ‘Local Seguro’ para hacer frente a las crisis provocada por el Covid-19.

Como se recordará, esta iniciativa partió del consistorio tras el parón por el coronavirus y trata de certificar la seguridad y confianza de los establecimientos a los clientes que visiten estos locales, asegurando que se cumplen todas las medidas sanitarias anticovid, que son controladas por parte de la Policía Local.

La adhesión es voluntaria y gratuita y pueden solicitarla todos aquellos establecimientos, profesionales y empresas del sector hostelero y de la restauración del municipio de La Bañeza que se comprometan al cumplimiento de los compromisos recogidos en las bases y que tienen que ver con el aforo, equipos de protección, limpieza, etc.

El pabellón deportivo del colegio San José de Calasanz de La Bañeza acoge este viernes, a las 18:30 horas, una actuación de Payasos Sin Fronteras, organizada en colaboración con la asociación Rebelarte Teatro, el Ayuntamiento de La Bañeza, y el apoyo de la Diputación de León. Se trata de un espectáculo de carácter gratuito, dirigido a los más pequeños de la casa, que podrán acudir acompañados de sus familiares, dentro del aforo permitido.

El Ayuntamiento de la ciudad ofrece todas las garantías sanitarias, aplicando todas las medidas necesarias para la seguridad de los asistentes. Por eso se ha optado por este espacio, aprovechando sus grandes dimensiones, perfectamente aptas para albergar un aforo de 100 sillas.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una alternativa de ocio segura para los niños, a través del humor y la diversión, en estos momentos tan duros para ellos. También es una muestra más del apoyo de este Ayuntamiento al sector de la Cultura, uno de los grandes damnificados de esta pandemia, tal y como se reconoce desde el propio consistorio al tiempo que se recuerda que las entradas se pueden solicitar en la Oficina de Turismo.

El Ayuntamiento de La Bañeza se suma a la defensa del sector azucarero, al que se le ha transmitido el máximo apoyo, así como el rechazo de esta institución a la campaña de ‘El azúcar mata’ del Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El alcalde de la ciudad, Javier Carrera, y la concejala de Promoción Industrial, Lorena Calderón, mantuvieron una reunión con los representantes sindicales de la fábrica Azucarera para trasladar su rechazo a esta iniciativa, que califican de “atropello”, y establecer un frente común en defensa del sector, que para el regidor es “estratégico y uno de los mayores generadores de riqueza de nuestra tierra”. Carrera recordó que solo la fábrica de La Bañeza, “tiene 200 puestos de trabajo y genera por cada puesto directo, diez indirectos. Es una zona que está castigada por la despoblación, envejecida y que lo que necesita son inversiones, no ideas como las del Ministerio del señor Garzón, que lo que hacen es desestabilizar un sector que encima está en reconversión en Europa, y que puede desanimar a las empresas a seguir invirtiendo. Un sector del que dependen unos 500 ó 600 agricultores, que además necesitan unos servicios que también generan trabajo”.

El alcalde también quiso dejar claro que la Azucarera de La Bañeza es “una fábrica muy modernizada, con plantilla cualificada, que a lo largo de estos años se ha invertido para modernizarla, y se ha profesionalizado, buscando entre todos rentabilidad, la modernidad y la producción, al mismo tiempo que se hace que sea más ecológica. Hablamos de un sector puntero que cuenta con una gran inversión en I+D+I. El tema del impuesto es un error, se criminaliza el sector y el azúcar es parte de nuestra industria alimentaria”, sentenció.

Carrera concluyó su intervención dejando clara la postura del Ayuntamiento de La Bañeza en defensa del sector, y agregó que ha convocado “una junta de portavoces para el jueves, en la que no tengo dudas de que contaré con el apoyo del resto de partidos políticos, porque no es una lucha de ideologías, sino de lucha por nuestra tierra, para que podamos seguir viviendo en ella.”

En la reunión estuvieron presentes el presidente y el secretario del comité de empresa de La Bañeza, Josué Cordero y Miguel Santos, el representante de la Secretaría General de la Sección Sindical de la Azucarera, Juan José Cólera, y el secretario general nacional de UGT-Fica Azucarera, Francisco Javier Fernández. Todo ellos se mostraron “ofendidos” por esta medida, porque consideran que “estas campañas crean una conciencia colectiva errónea sobre este producto, que tiene sus propiedades y su impacto en otros productos e incluso en otras industrias”.

Aseguraron que el impuesto al azúcar es un “atropello, con afán recaudatorio, que perjudicará al sector remolachero, al pequeño obrador, a la hostelería… Ocho países europeos ha bajado el IVA al sector, España lo sube”. Alegaron que “las cosas hay que hacerlas con sentido común, no venir a dinamitar el sector. El ministro no se ha molestado en conocer el sector. El azúcar no mata, lo hacen los políticos que no se ponen de acuerdo para afrontar la pandemia. Esto lo único que hace es destruir empleo, riqueza y fomentar la España vaciada. Por eso ofrecemos al ministro que venga a conocer el sector y esperamos que recapacite, porque está cometiendo un atropello”, sentenciaron. También se dirigieron al presidente de la Junta de Castilla y León, al consejero de Agricultura y al ministro de Agricultura, “que no pueden mirar para otro lado. Entre todos tenemos que conseguir que este impuesto no llegue a buen puerto y desde aquí llamamos a las fuerzas políticas para dejar claro, como hicimos en 2017, para que este impuesto no llegue”.

Los representantes sindicales aclararon que “vamos a llegar a todas las localidades donde haya azucareras, pero el Covid marca las pautas. Hoy hemos pedido por carta desde la Secretaría General de Valladolid una reunión con el presidente de la Junta, el consejero de Agricultura y el delegado del Gobierno, como también con Luis Tudanca. Nos queremos reunir con todos. Es un clamor, todo el mundo está en contra de este impuesto y esta campaña de que el azúcar mata, porque es mentira”.